Impedir el libre paso en la frontera es un crimen de lesa humanidad: Walter Márquez
Para el presidente de la Fundación El Amparo, director general del Comité Internacional Contra la Impunidad en Venezuela (CICIVEN) y experto en temas fronterizos, Walter Márquez, la reapertura comercial de la frontera colombo venezolana iniciada el lunes 26 de septiembre en el Puente Internacional Simón Bolívar, no resuelve el trato inhumano y degradante que sufren los ciudadanos que requieren cruzar a Colombia por razones humanitarias, ya que sigue el cierre parcial por la falta de circulación de vehículos particulares y transporte de pasajeros. Por: Mariana Duque.
Márquez indicó que aunque se ha hablado de un proceso gradual de reapertura en la frontera, los derechos constitucionales y los tratados internacionales no son graduales, se ejercen o se vulneran, por lo que considera que tanto el presidente colombiano, Gustavo Petro, como Nicolás Maduro, han incumplido el compromiso de reapertura que habían anunciado.
“El hecho de que no se reabra totalmente la frontera al libre tránsito de personas y bienes, es producto de un acto de fuerza, ya que no existe ni Estado de excepción, ni se ha limitado el derecho al libre tránsito en ninguno de los espacios fronterizos de los dos países”, dijo, al tiempo que recordó que el derecho al libre tránsito está garantizado en el artículo 50 de la Constitución de la República de Venezuela, el artículo 24 de la Constitución política de Colombia, y el artículo 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Destacó Walter Márquez que el intercambio comercial y el paso de transporte de carga es positivo para la frontera, pero insistió que se requiere la humanización de este proceso mediante el cruce de vehículos particulares, para eliminar el paso peatonal, por ser violatorio de los derechos humanos.
“Nicolás Maduro probablemente no fue al acto al que acudió Petro por la responsabilidad ante la comunidad internacional y la frontera, ya que fue él quien la cerró mediante un acto de fuerza y de manera inconstitucional el 19 de agosto de 2015, y luego avaló las gravísimas violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, como la deportación forzosa de 1.500 colombianos, muchos de los cuales eran desplazados por la violencia y tenían en Venezuela un certificado de residencia expedido por Acnur y por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela”, expresó.
Agregó el defensor de derechos humanos que Maduro también es responsable del desplazamiento forzoso de más de 22.500 colombianos, la destrucción de 203 viviendas de colombianos residentes en el barrio “La Invasión” en San Antonio del Táchira, donde marcaron las casas como en la época de Hitler con la “R” de Revisar y con la “D” de demoler, situación denunciada en informes de la Oficina de Ayuda Humanitaria de Naciones Unidas (OCHA), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH), y en una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia.
Pérdidas millonarias
Walter Márquez manifestó que las pérdidas económicas por el cierre de frontera han sido multimillonarias y han ocasionado graves daños en ambos países. “De acuerdo a un estudio elaborado por el economista Abdón Vivas Terán, exembajador de Venezuela en Colombia, en 1998 cuando estaba el presidente Rafael Caldera hubo un intercambio comercial de 2.458 millones de dólares. Luego, bajo el mandato de Hugo Chávez Frías en el 2008 se incrementó en más de 300% al facturar 7.269 millones de dólares, pero bajo la gestión de Nicolás Maduro con el cierre de frontera del año 2015, esta cifra descendió a 1.352 millones de dólares, y en el año 2021 solo hubo un intercambio binacional de 400 millones de dólares, lo cual significa que ha habido pérdidas multimillonarias tanto para los empresarios como para la economía de ambos países, de lo cual es responsable Nicolás Maduro, ocasionando víctimas directas e indirectas a casi 80 millones de habitantes de Colombia y Venezuela”, dijo.
A su juicio el hecho de que permanezca cerrado el puente de Tienditas, que fue construido por ambos países y concluido en 2016, lo que demuestra es la falta de voluntad política de Petro y Maduro, pues considera que ambos pueden adecuar de manera rápida lo que se necesite para iniciar por allí el intercambio.
Ratificó Márquez que los derechos humanos y las garantías constitucionales no son graduales, son plenos, “por lo tanto exigimos el apego a la Constitución tanto de Colombia como de Venezuela y a los tratados internacionales, para una reapertura total e inmediata de la frontera. Que cese el trato humillante del paso peatonal, que haya libertad de tránsito para vehículos particulares y de transporte de pasajeros, y sobre todo que haya respeto a la integración y A la unidad de ambas Repúblicas que es un mandato de Simón Bolívar”, finalizó diciendo.