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Madres comunitarias no podrán ser consideradas funcionarias del Estado todavía

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La Corte Constitucional aceptó las objeciones presentadas por el gobierno de Juan Manuel Santos al proyecto de ley que buscaba brindar garantías laborales a las madres comunitarias.

Las madres comunitarias no serán consideradas funcionarias del Estado. Así lo definió este miércoles la Corte Constitucional al aceptar las objeciones presentadas por el gobierno de Juan Manuel Santos al proyecto de ley que buscaba brindar garantías laborales a las madres comunitarias, vinculándolas al ICBF. El alto tribunal consideró que, para la aprobación de esa propuesta, no se debatió la sostenibilidad fiscal, por lo que la devolvió al Congreso de la República y se subsane el error.

En enero de 2017, el entonces presidente Santos objetó en su totalidad la norma aprobada a finales de 2016 por el Congreso. En esa ocasión, el expresidente consideró que “genera un impacto fiscal de enormes proporciones (…) afecta seriamente la estabilidad de las finanzas públicas, el equilibrio macroeconómico y el principio constitucional de sostenibilidad fiscal”.

Para justificar el “impacto fiscal de enormes proporciones” Santos explicó, en su momento, que el proyecto de ley obligaría a vincular, con contrato de término indefinido con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a las más de 50.000 madres comunitarias, lo que significaría que la planta de la institución se ampliaría de 6.000 a 61.000 personas.

En diciembre del año pasado, el procurador general, Fernando Carrillo, envió un concepto al alto tribunal en el que solicitaba que reconociera “las enormes contribuciones” de las madres comunitarias e insistiendo que no aceptara las objeciones del gobierno. El jefe del Ministerio Público afirmó que el vínculo laboral que el ICBF ha trabado con las madres comunitarias les da a ellas, sin duda, un estatus de funcionarias del Estado. Pero la petición de Carrillo no fue escuchada.

La Corte Constitucional también aceptó los argumentos del expresidente Santos “contra el artículo 4 en lo que se refiere a la habilitación para que el ICBF vincule laboralmente a las madres comunitarias y FAMI, porque las medidas legislativas que modifican la estructura de la Administración Nacional requieren de iniciativa del Gobierno”. El Congreso tendrá lo que queda de la legislatura —que va hasta el próximo 20 de julio— para tramitar, de nuevo, este proyecto de ley.


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