No hay otra forma de decirlo. En un departamento golpeado por la peor temporada invernal de los últimos años, donde carreteras, puentes y comunidades enteras luchan por recuperarse, resulta incomprensible que el ELN insista en afectar la infraestructura vial de Arauca. Si algo necesita hoy este departamento son vías para mover alimentos, medicinas, combustible y esperanza, no más destrucción. Por: Oscar Garrid Muñoz L.
También tienen huevo quienes creen que impedir el abastecimiento de las tiendas D1 o retener los camiones que transportan sus mercancías no termina castigando a la población más pobre. Los grandes empresarios encontrarán cómo sortear las pérdidas; las familias humildes, en cambio, serán las que paguen las consecuencias al perder una de las pocas alternativas para acceder a productos de calidad a precios asequibles.
Hace apenas unas horas, el ELN difundió un comunicado en el que negó cualquier responsabilidad en el presunto artefacto explosivo hallado en inmediaciones del aeropuerto Gabriel Vargas Santos, en Tame. En ese mismo documento aseguró que sus acciones se desarrollan bajo las normas del Derecho Internacional Humanitario y que no buscan afectar a la población civil ni a los servicios públicos.
Sin embargo, los hechos que durante años ha vivido Arauca hacen difícil conciliar ese discurso con la realidad que perciben miles de ciudadanos. La violencia, las amenazas, los secuestros, los homicidios y las restricciones impuestas sobre amplios sectores de la población han dejado una profunda huella de miedo y han limitado el desarrollo económico y social del departamento.
A ello se suma una percepción ampliamente extendida entre los araucanos: que las estructuras armadas ejercen una fuerte influencia sobre la vida económica y social de distintas zonas del departamento mediante mecanismos de presión y extorsión. Si bien corresponde a las autoridades investigar y judicializar estas conductas, la sensación de impunidad es cada vez mayor.
Y allí surge otra pregunta incómoda: ¿dónde está el Estado? La lentitud de las investigaciones y la escasez de resultados frente a las redes de apoyo económico y financiero de los grupos armados ilegales alimentan la desconfianza ciudadana. Mientras tanto, quienes deberían garantizar la seguridad y la justicia parecen avanzar a un ritmo muy inferior al que exige la realidad que vive Arauca.
Tienen huevo.
Porque mientras Arauca enfrenta una de las peores crisis económicas y sociales de los últimos tiempos, todavía haya quienes consideren que destruir carreteras, obstaculizar el comercio y dificultar el acceso de la población a productos básicos puede justificarse bajo cualquier argumento.
La sociedad civil araucana lleva demasiado tiempo atrapada entre el miedo, la violencia y el abandono. Ya es hora de que quienes empuñan las armas de manera ilegal entiendan que sus decisiones golpean, sobre todo, a quienes dicen defender. Y también es hora de que el Estado deje de ser un simple espectador y asuma, con resultados, la responsabilidad de devolverles a los araucanos algo que hace años les arrebataron: la tranquilidad.
