La Defensoría del Pueblo entregó al nuevo Gobierno nacional un diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en Colombia. Aunque el informe no desagrega sus principales cifras por departamentos, varios de los problemas identificados tienen especial impacto en Arauca.
La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, presentó la “Radiografía de los derechos humanos en Colombia: cifras clave para decidir”, documento que busca servir como línea base para la formulación de políticas públicas y el seguimiento de las condiciones de derechos humanos durante el nuevo periodo de Gobierno.
Para Arauca, un departamento marcado por el conflicto armado, la presencia de grupos ilegales, la ruralidad y las brechas en el acceso a servicios, uno de los principales focos de preocupación es la violencia armada y la seguridad de la población civil.
120 Alertas Tempranas y nuevas formas de violencia
La Defensoría reporta 120 Alertas Tempranas territoriales vigentes, que abarcan 396 municipios y 15 territorios indígenas en los 32 departamentos.
El informe también advierte sobre la aparición de nuevas modalidades de violencia. Entre enero y mayo de 2026 se registraron 121 ataques con drones, que dejaron 21 personas muertas y 145 heridas.
Aunque la Defensoría no precisa cuántas de esas Alertas Tempranas corresponden a Arauca, el contexto adquiere especial relevancia para un departamento que durante años ha enfrentado la confrontación entre estructuras armadas ilegales.
Desplazamiento y reclutamiento: otras dos alarmas
Entre 2017 y lo corrido de 2026, la Defensoría contabilizó 1.002 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 394.839 personas.
También reportó 682 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en 2024, 419 en 2025 y 74 entre enero y junio de 2026.
La entidad advierte que la reducción de los registros no necesariamente significa que el reclutamiento esté disminuyendo, debido a los riesgos, temores y dificultades para denunciar.
En Arauca, esta advertencia cobra especial importancia por la situación de las comunidades rurales y la presencia de actores armados en diferentes zonas del departamento.
El campo también está en el centro del diagnóstico
La Defensoría advierte que Colombia mantiene profundas brechas entre el campo y las ciudades. El 1 % de los mayores propietarios concentra el 45 % de la tierra rural, mientras el índice de Gini de la propiedad rural alcanza 0,89.
Entre 2022 y junio de 2026, sin embargo, fueron formalizadas 2.284.304 hectáreas y entre 2022 y 2025 se constituyeron 21 Zonas de Reserva Campesina.
Para Arauca, con una amplia población rural y una economía estrechamente ligada al campo, la política de acceso a la tierra, formalización y desarrollo rural representa uno de los asuntos centrales del diagnóstico.
Líderes sociales y periodistas también están en riesgo
La radiografía revela otra cifra preocupante: 1.743 líderes y defensores de derechos humanos fueron asesinados entre 2016 y junio de 2026.
En materia de libertad de prensa, la FLIP registró 711 agresiones contra periodistas entre enero de 2025 y el 15 de julio de 2026, incluidas 275 amenazas.
Este panorama resulta especialmente relevante para Arauca, donde el ejercicio del liderazgo social y el periodismo se desarrolla en un contexto marcado por la violencia y las presiones de actores armados.
¿Qué significa para Arauca?
La “Radiografía de los derechos humanos en Colombia” no presenta un capítulo exclusivo sobre Arauca ni permite establecer, a partir de sus cifras generales, cuántos de los casos corresponden específicamente al departamento.
Sin embargo, el diagnóstico nacional identifica varios de los problemas que tienen una incidencia directa en la región: violencia armada, desplazamiento, reclutamiento, desigualdad rural, protección de líderes sociales, libertad de prensa y acceso efectivo a derechos fundamentales.
El desafío para el nuevo Gobierno será que este diagnóstico nacional se traduzca en políticas diferenciadas para territorios como Arauca, donde la seguridad de las comunidades, la protección de los líderes, el desarrollo rural y la garantía de los derechos continúan siendo asuntos prioritarios.
