Solo basta escuchar las intervenciones de Alonso Campiño Bedoya, quien hoy aparece como uno de los referentes del Consejo Regional Empresarial y Social (CRES), para intentar entender el rumbo que algunos sectores pretenden imprimirle a la economía y al empresariado araucano.
La palabra “organizarse” aparece reiteradamente en sus intervenciones. El problema es que, dependiendo del contexto, puede sonar menos como una invitación a la concertación y más como una advertencia: hay que organizarse, pero ¿bajo las reglas de quién? ¿Quién define quién puede trabajar, invertir, contratar o movilizarse por Arauca?
Como dice el adagio popular: lo que se ve no se pregunta. En este caso, lo que se escucha tampoco debería pasarse por alto. Afirmar que las compañías petroleras son las responsables de haberse “robado” a Arauca es una acusación de enorme calado, especialmente cuando históricamente las decisiones relacionadas con inversión social, contratación y oportunidades laborales en zonas de influencia petrolera han estado sometidas a fuertes presiones de las llamadas organizaciones sociales. Y aquí aparece una pregunta inevitable: ¿hasta dónde llega la representación social y dónde comienza la imposición?
No son pocos los empresarios que, según han manifestado públicamente o en conversaciones con este medio, dicen sentirse presionados. Algunos aseguran que detrás de determinadas exigencias existe una estructura de poder que condicionaría la actividad empresarial en el departamento bajo una lógica preocupante: “si no están con nosotros, no operan en Arauca”.
En este contexto también resulta pertinente recordar un episodio de la trayectoria de Campiño. El 21 de agosto de 2003, fue detenido junto con José Vicente Murillo Tobo, quien para entonces era vocero de organizaciones sociales. De acuerdo con información atribuida a la Fiscalía General de la Nación, ambos fueron vinculados a una investigación por presuntos delitos de rebelión, terrorismo y secuestro. Una actuación judicial de aquella época que hace parte de su historia pública y que, por supuesto, no puede confundirse con una condena ni utilizarse para establecer responsabilidades actuales.
Pero los hechos recientes son los que deberían generar mayor preocupación.
El caso de las tiendas D1 es ilustrativo. La empresa enfrentó dificultades para ingresar sus vehículos a Arauca en medio de un conflicto relacionado con los fletes que determinadas organizaciones pretendían que contratara y pagara. El episodio terminó afectando el abastecimiento de los establecimientos y puso en riesgo más de 70 empleos directos, en una ciudad que enfrenta uno de los niveles de desempleo más preocupantes del país.
¿Quién defiende entonces al empresario? ¿Quién defiende al trabajador cuando una empresa decide no someterse a determinadas exigencias? ¿Quién garantiza que en Arauca exista verdadera libertad económica?
Es difícil imaginar una economía próspera cuando para invertir hay que pedir permiso, cuando competir puede convertirse en un problema y cuando transportar mercancías por una carretera termina dependiendo de la autorización de terceros.
Arauca no necesita nuevos “amos y señores” de la economía. Necesita instituciones fuertes, reglas claras, libre competencia, seguridad jurídica, libertad de empresa y vías abiertas para todos.
El desarrollo no llegará reemplazando un poder por otro. Mucho menos cuando detrás de ciertos discursos sociales parecen sobrevivir modelos ideológicos que fracasaron hace décadas y que hoy ya ni siquiera encuentran sustento en aquellos lugares donde alguna vez fueron presentados como alternativa.
Arauca cambiará el día en que un empresario pueda invertir sin miedo, un trabajador pueda acceder a un empleo sin intermediarios, una empresa pueda competir en igualdad de condiciones y cualquier ciudadano pueda circular libremente por el departamento sin tener que pedir permiso a nadie.
Porque una cosa es organizarse para defender derechos. Y otra muy distinta es organizarse para decidir quién puede trabajar, invertir y progresar en Arauca.
