Diferentes reacciones se han dado por parte de las organizaciones defensoras de los derechos humanos por el paro armado que mantiene la guerrilla del ELN en el departamento de Arauca.
La Fundación de Derechos Humanos DHOC, precisó en señalar: Rechazar los hechos violentos cometidos por el ELN contra la población civil, al igual que las amenazas con las cuales tienen atemorizados a la mayoría de los araucanos.
Le exigimos respetar los derechos humanos como están consagrados en las normas nacionales e internacionales, señaló la comunicación de esta organización defensora de derechos humanos.
A su par, el Consejo municipal de PAZ de Arauquita, RECHAZÓ enérgicamente los hechos violentos que tienen totalmente paralizado el municipio y que afectan de manera directa a la comunidad.
Rechazamos lo hechos registrados la noche del domingo 11 de septiembre en momentos en que se realizaba la misa campal de clausura de la Semana por la PAZ donde fue hostigada la estación de policía creándose pánico en los feligreses que acudían a la santa misa. También rechazamos la incineración de una moto-cicleta el lunes 12 de septiembre en el anillo vial del barrio 20 de julio.
Exigimos de la policía nacional, cuyo deber es proteger la honra, bienes e integridad de los ciudadanos, que no actué de forma represiva y violenta, como lo hicieron con los ciudadanos de bien MAURICIO ZULUAGA y MAURICIO ACEROS quienes se encontraban en momentos del hostigamiento dirigiéndose a sus residencias, siendo retenidos arbitraria y violentamente, culpándolos de los hechos.
Exhortamos al gobierno nacional y al ELN a destrabar la mesa de negociación y declarar el CESE BILATERAL AL FUEGO para que los diálogos se desarrollen sin acciones que afecten a la población civil y garanticen el avance en los acuerdos con este grupo armado.
Celebramos los acuerdos entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP y somos conscientes que los diálogos y acuerdos con el ELN representan el camino integral de la terminación del conflicto armado, para que los araucanos podamos gozar de la PAZ completa que tanto anhelamos.
Por su parte, la Fundación de derechos Humanos, Joel Sierra, también pidió respeto por la población civil frente a este paro y relacionó las acciones y atentados ocurridos en los últimos días. La comunicación dice a la letra lo siguiente:
Las comunidades del departamento de Arauca continúan afrontando las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado y las consecuencias del conflicto armado.
Durante el último mes se han desarrollado en el territorio diferentes acciones que han puesto en grave riesgo la vida e integridad de los pobladores de la región.
- La organización guerrillera, Ejército de Liberación Nacional ELN, decretó un paro armado desde las 6:00 a.m. del 12 de septiembre, hasta las 6:00 a.m. del jueves 16 de septiembre, en varios departamentos del país donde tiene influencia el Frente de Guerra Oriental de esa insurgencia, entre ellos Arauca, Boyacá, Casanare, Los Santanderes y Vichada.
En desarrollo de dicho paro, se han visto afectados varios derechos de la población civil, principalmente el de libre locomoción. De igual manera, fueron atravesados vehículos en algunas vías del departamento, y varias motocicletas han sido incineradas en los municipios de Saravena, Arauquita y Arauca, al igual que una buseta en el municipio de Sácame-Casanare.
- El 9 de septiembre, fue lanzado un artefacto explosivo contra una garita de la policía en el centro del casco urbano de Saravena. En este hecho se causaron lesiones a un miembro de la población civil y daños a algunas motocicletas que se hallaban en ese sector.
- En la madrugada del 4 de septiembre, la Fuerza Aérea Colombiana desarrolló un bombardeo en predios colectivos de la comunidad indígena del Resguardo Cibariza del municipio de Fortul. En esta acción resultaron afectadas las infraestructuras del puesto de salud y la escuela, además, de generar malestares físicos y psicológicos a familias indígenas quienes desarrollaban un ritual cultural de ayuno, entre los afectados hay menores de edad.
- El 2 de septiembre, fue activada una carga explosiva al paso de un carro militar, sobre la vía principal que comunica al casco urbano de Saravena y el centro poblado de Puerto Nariño, causando serios daños a la infraestructura vial.
- El 19 de agosto, las instalaciones del Aeropuerto Los Colonizadores y algunas viviendas aledañas en el municipio de Saravena, resultaron afectadas producto de la activación de varios artefactos explosivos.
- Desde mediados de agosto, fueron retenidos cuatro arroceros en el municipio de Arauca, quienes según las autoridades fueron interceptados por miembros de la organización rebelde ELN. Uno de ellos fue entregado el 29 de agosto, por parte de la organización subversiva a una comisión humanitaria.
- Entre el 25 de agosto al 6 de septiembre, fueron asesinadas con impactos de arma de fuego, tres personas de sexo masculino en los municipios de Fortul y Arauquita.
- Por otra parte, continúan los panfletos y llamadas amenazantes a nombre de supuestas BACRIM, Aguilas Negras o Urabeños, expresiones del eje del paramilitarismos que pretenden implantarse para continuar generando terror sobre las comunidades en el territorio.
Estos hechos muestran que mientras se hace alarde de un escenario de postconflicto, la realidad en los territorios es totalmente distintas. Contrario a bajar las hostilidades, éstas se intensifican con la alta militarización de la vida cotidiana, los bombardeos indiscriminados y las acciones de las organizaciones rebeldes.
Las infracciones a las normas y principios del Derecho Internacional Humanitario van en aumento, ante la inoperancia de los organismos de justicia y control, en un contexto, en el que se quiere mostrar que la guerra es cosa del pasado, queriéndose desconocer actores importantes en la misma, y las causas estructurales que la generaron y la mantienen.
Por ello, reiteramos el llamado a los organismos de derechos humanos, nacionales e internacionales, de carácter social e institucional a continuar haciendo seguimiento a la grave situación de la región, así como a no desistir en la exigencia al Estado colombiano para que cumpla con sus obligaciones de garantía y respeto por los derechos humanos.
A los actores del conflicto armado (organizaciones rebeldes y fuerza pública), respetar las normas y principios del Derecho Internacional Humanitario, dejar por fuera de sus acciones a la población civil entre tanto se avance en una salida política al conflicto armado.
