A inicios de 2025 se desató en la región del Catatumbo (Norte de Santander) la mayor crisis humanitaria vivida por el país en la última década, que deja a la fecha 56.887 personas desplazadas, 22.047 confinadas y 85 homicidios. Arauca aparecía en segundo plano, pues de allí llegaron los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que desataron la guerra contra las disidencias de las FARC en esa región; venían del Frente Domingo Laín, que domina el departamento araucano, donde nació en la década de 1970, e ingresaron a través de la frontera con Venezuela.*
Este escenario evidenció tanto la fortaleza de la guerrilla en ese territorio como la débil presencia de instituciones nacionales del Estado, más allá de las fuerzas militares, mientras que el gobierno local fue cooptado hace más de 20 años por los grupos armados ilegales, actores que por décadas han controlado las dinámicas fronterizas, electorales y económicas de los municipios que lo integran.
Durante la crisis humanitaria en el Catatumbo la fuerza del ELN en esta parte del país casi lleva al Gobierno nacional a incluir a Arauca en los decretos de la declaración del estado de conmoción interior. Para entender su crecimiento en el oriente araucano es necesario abarcar el pasado de este territorio y las sombras que desde hace décadas mantienen atemorizada a la población del piedemonte y la sabana araucana.
Arauca: la caja menor del ELN
Los primeros pasos de esta guerrilla en el territorio araucano fueron en la década de 1970. El abandono estatal y la represión de movimientos sociales le facilitaron a este grupo su consolidación en los diferentes municipios del piedemonte y la sabana araucana. El posterior descubrimiento del yacimiento petrolero Caño-Limón en 1980, y las millonarias rentas que representaba, lo convirtió en un punto económicamente estratégico para el grupo armado a través de la extorsión.
La Constitución de 1991 convirtió a Arauca en un departamento con todas las de ley, un hecho que el ELN aprovechó para convertirlo en su fondo económico a través de la infiltración de sus candidatos en la Gobernación. Durante sus 34 años como departamento, Arauca ha tenido 10 gobernadores electos y 11 encargados. De 10 electos, 7 han sido investigados o condenados por nexos con algún grupo armado.
Gobernadores del ELN a inicios de siglo
José Vicente Lozano, gobernador entre 1995 y 1998, fue el segundo en ser escogido por voto popular y el primero en ser condenado por la Corte Suprema de Justicia por nexos con el ELN; recibió dos condenas, una por apoyar financieramente a esa guerrilla a cambio de respaldo político, y otra por desviar contratos a contratistas adscritos al grupo armado.
Tanto Lozano como su predecesor, Alfredo Colmenares Chía (asesinado en 2001), y sus dos sucesores, Gustavo Castellanos y Federico Gallardo, eran miembros del Partido Liberal y fueron condenados por nexos con esta guerrilla, e incluso por pertenecer a esta organización. El último solo duró un año en su cargo debido a que fue retirado mientras avanzaban las investigaciones en su contra, también estuvo secuestrado y posteriormente fue condenado por la entrega de dineros oficiales a la guerrilla del ELN.
Entre 2001 y 2004, tras la revocatoria a Gallardo, el departamento entró en una crisis institucional con un gobernador por año. Al tiempo se vivía una guerra entre los paramilitares del Bloque Vencedores de Arauca (BVA), que intentaban ingresar al territorio, y el ELN, que ya dominaba los municipios del piedemonte araucano: Tame, Arauquita y Saravena.
Mediante amenazas, intimidación y alianzas políticas con grupos de contratistas, esta guerrilla logró integrarse al juego político araucano. Su control era tal, que cualquier candidato que quisiera entrar a la Gobernación debía tener el beneplácito del ELN si quería ganar, o al menos no ser asesinado.
Las elecciones tenían una presión asfixiante para cualquier candidato que se opusiera a estas ideas. De ahí que no fuera raro que durante este periodo, dominado por el Partido Liberal, los tres anteriores gobernadores de Arauca hubieran sido procesados y posteriormente condenados por nexos con el ELN, aunque varios funcionarios de esa organización política fueron encarcelados sin que se comprobara su culpabilidad.
El breve poder de los paramilitares en la Gobernación
El nacimiento del Bloque Vencedores de Arauca, una seccional de los paramilitares para construir una ruta cocalera, también cooptó el poder local. Por medio de Julio Acosta Bernal, un candidato del Cambio Radical fortalecido por la política nacional de Seguridad Democrática llevó la derecha pura y dura al poder departamental con apoyo de los paramilitares, y desafió el mandato del ELN.
El bloque paramilitar, junto al Ejército Nacional, logró hacerle frente al ELN y recuperar la zona de la llanura araucana (Cravo Norte, Puerto Rondón y Arauca), heredando el poder de la guerrilla. Sin embargo, los mecanismos de cooptación violenta e institucional hacia líderes políticos, comunales y contratista se mantuvieron igual, solo cambió el grupo armado que intermediaba en los trámites, relaciones y procesos de la Gobernación.
Acosta fue condenado a 28 años de prisión por brindar información privilegiada y financiación proveniente de las arcas públicas, a cambio de que los paramilitares financiaran sus campañas políticas y de que silenciaran a sus opositores, como Juan Alejandro Plazas, registrador de Arauca, quien fue asesinado por ese grupo armado porque podría truncar la aspiración de Acosta.
Según el exjefe paramilitar Miguel Ángel Mejía, el gobernador Acosta habría ordenado el asesinato de más de 50 personas, entre quienes suenan periodistas, funcionarios públicos. Esto trajo una escalada en el conflicto que no se redujo ni siquiera con la desmovilización paramilitar, y solo ocasionó una guerra entre el ELN y las FARC-EP para tomar el control total del departamento.
Una nueva forma de infiltrar al Estado
En 2012 se detuvo la intensa violencia. Al perder el poder, el ELN pasó de tener candidatos propios a construir una estrategia de “negociación” con todos los candidatos, así no fueran suyos. Esta vez se apoderaría de los contratos más jugosos del departamento con sus emisarios, fuera quien fuera el ganador.
La llegada del médico José Facundo Castillo a la Gobernación de Arauca traía esperanza. Pese a que el Castillo no era el candidato del ELN, en su primera administración se habrían pactado acuerdos financieros con integrantes del Frente Domingo Laín en la contratación estatal, según imputación de la Fiscalía en 2021.
Entre los hallazgos investigados por el ente acusador figuran 8 contratos celebrados entre marzo de 2013 y octubre de 2015, por valor de $5.363 millones de pesos, adjudicados a integrantes del Frente Domingo Laín, los cuales tenían como fin diseñar vías, espacio público e infraestructura educativa, sin cumplir con los requerimientos legales.
Su sucesor y aliado político, Ricardo Alvarado Bestene, también es acusado por la Fiscalía por pactar presuntas ayudas en distintos municipios para que el ELN favoreciera su campaña. La hipótesis que mantiene el ente acusador es que Alvarado le entregó a esta guerrilla entre 1.000 y 2.000 millones de pesos cuando fue elegido como gobernador, además le dio una participación del 10% del valor de cada contrato adjudicado.
Castillo fue reelegido para el periodo 2020-2023, pero a finales de 2021 la Fiscalía lo capturó por sus vínculos con el grupo armado, lo que dejó al departamento sumergido en un caos institucional, con 4 gobernadores encargados y también destituidos, como ocurrió a inicios de siglo, un dejavú que el pueblo araucano intentaría corregir en las elecciones de 2023, pero que significó una nueva muestra del poder del ELN incluso en las urnas.
Un nuevo gobernador, que repite el ciclo
En 2023 Manuel Pérez, candidato del Centro Democrático y aliado de Julio Acosta, parecía haber ganado la Gobernación por una diferencia de 137 votos, pero en el escrutinio final aparecieron 434 votos para su opositor, el candidato liberal Renson Martínez. Esto ocurrió específicamente en un puesto de votación en Fortul, uno de los municipios con mayor presencia guerrillera en el departamento.
Al final del conteo Pérez obtuvo 40.754 votos frente a los 41.188 de Martínez. El candidato perdedor denunció trampas del ELN en la elección y llevó el caso a varios entes de control para que investigaran posibles irregularidades por parte del grupo armado.
Martínez no rompe el ciclo de acusaciones de vínculos entre el poder gubernamental y el militar del ELN. Según denunció la Unidad Investigativa de Caracol, existe una cercanía entre el actual gobernador de Arauca y Jhonny Alexander Bello Ortega, un megacontratista de Arauca que está señalado por la Fiscalía como integrante del ELN.
Bello Ortega, conocido como alias “gordo Giovany”, es sobrino de Luis Felipe Ortega Bernal, alias “Garganta”, uno de los máximos jefes del ELN en Arauca. El presunto nexo entre ambos actores serían cuatro contratos de obra pública por un valor de 4.387 millones que le entregó Martínez a Bello entre diciembre de 2016 y abril de 2018, cuando era alcalde de Arauquita.
Entre 2008 y 2018 Bello obtuvo 32.138 millones de pesos en 65 contratos, especialmente en el municipio de Fortul –donde con 40 contratos llegó a ganar 5.560 millones– el mismo donde aparecieron los nuevos votos en el escrutinio que eligió a Martínez como el gobernador de Arauca.
Mientras la escalada de violencia crece en el oriente del país, el ELN aumenta su poder militar a costa de las arcas de la nación, al dominar la contratación, la extorsión y el tráfico fronterizo de un departamento que el Estado dejó a su suerte y que ahora es cooptado por la mayor amenaza militar ilegal de Colombia.
* Tomado del Periódico UNAL. Escrito por:
- Nicolás Torres | Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL)
- Julián Sandoval | Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL)
- Mabel Peralta | Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL)
- Francisco Gómez | Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL)
