La muerte de un bebé de apenas un año de edad y de un adulto indígena de 34 años, ocurridas en menos de 24 horas luego de haber recibido atención en el Hospital San Vicente de Arauca, desató una profunda preocupación entre las comunidades indígenas del departamento y reavivó las denuncias sobre las condiciones en que se presta el servicio de salud a los pueblos originarios.
Los fallecimientos corresponden a Andrés Estiven Rompiño, un niño del pueblo Hitnü, y a Juan Rafael Farfán González, integrante del pueblo Sikuani. Para las familias y líderes indígenas, la pérdida de un bebé y de un adulto en circunstancias tan cercanas en el tiempo no puede ser considerada un hecho aislado y requiere una investigación urgente e independiente.
El primer caso ocurrió el 1 de julio. Andrés Estiven Rompiño, de tan solo un año de edad, perteneciente a la comunidad Las Vegas, del resguardo San José del Lipa, fue trasladado al Hospital San Vicente por una enfermedad. Según denunciaron sus familiares, el menor recibió atención médica y posteriormente fue enviado de regreso a su comunidad. Horas después falleció y fue sepultado ese mismo día en su territorio ancestral.
Menos de 24 horas después se conoció el fallecimiento de Juan Rafael Farfán González, de 34 años, integrante del pueblo Sikuani de la comunidad Matecandela. De acuerdo con las denuncias conocidas, el hombre ingresó al hospital con una afección respiratoria y murió durante la madrugada del 2 de julio, mientras permanecía bajo atención médica.
La sucesión de ambos casos ha generado indignación entre las comunidades indígenas, cuyos voceros sostienen que estos hechos evidencian las dificultades que enfrentan los pueblos originarios para acceder a una atención médica oportuna y con enfoque diferencial, especialmente quienes provienen de resguardos alejados de los centros urbanos.
Hasta el momento, el Hospital San Vicente de Arauca no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las circunstancias que rodearon los dos fallecimientos.
Ante la gravedad de lo ocurrido, las comunidades solicitaron la intervención inmediata de la Secretaría de Salud Departamental, la Superintendencia Nacional de Salud, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, con el propósito de esclarecer los hechos, establecer si existieron fallas en la atención médica y determinar las responsabilidades a que haya lugar.
Para los líderes indígenas, la muerte de un bebé de un año y de un adulto en menos de un día constituye un hecho que merece la máxima atención de las autoridades y una respuesta institucional clara, que permita establecer la verdad y garantizar que situaciones similares no vuelvan a repetirse.
