El alcalde de Arauca, Juan Qüenza, tuvo que realizar una rectificación pública por una publicación que había difundido el 4 de septiembre de 2022, cuando felicitó a la Policía Nacional por la captura de varias personas, entre ellas Augusto José Balmacea López, a quien relacionó con un presunto delito de estafa a empresarios y emprendedores y/o tráfico de moneda falsificada.
La retractación se produce después de que la Fiscalía General de la Nación archivara la investigación identificada con el radicado 810016001137202200680, al determinar que la conducta investigada era atípica, conforme al artículo 79 del Código de Procedimiento Penal.
En su nuevo pronunciamiento, Qüenza reconoce públicamente que tuvo conocimiento de la decisión de la Fiscalía y de los argumentos que llevaron al archivo de las diligencias.
Según la decisión citada en la rectificación, no existían elementos materiales probatorios que permitieran demostrar que Balmacea López conociera la falsedad del dinero que portaba ni que hubiera realizado alguno de los comportamientos exigidos por la legislación penal para configurar el delito investigado.
La Fiscalía concluyó que la conducta atribuida no se ajustaba de manera clara e inequívoca a un delito establecido en la ley penal y, por esa razón, ordenó el archivo de las diligencias.
Una rectificación casi cuatro años después
El episodio vuelve a poner en discusión la responsabilidad que tienen los funcionarios públicos al divulgar información relacionada con capturas, investigaciones penales y señalamientos contra ciudadanos.
Una captura o una investigación no equivale a una condena. La responsabilidad penal debe establecerse mediante las autoridades competentes y con respeto por las garantías constitucionales, entre ellas la presunción de inocencia.
En este caso, el propio alcalde reconoce ahora que la investigación terminó archivada y precisa que Balmacea López no fue considerado responsable de delito alguno relacionado con los hechos investigados.
La rectificación representa, además, un reconocimiento público de que la información inicialmente difundida en redes sociales requería ser aclarada a la luz de la decisión posterior de la Fiscalía.
El caso deja una lección sobre el alcance de las publicaciones realizadas por servidores públicos en redes sociales, particularmente cuando involucran a personas que aún no han sido condenadas y cuando la información puede afectar su honra, buen nombre y reputación.
