Abogados cuestionan que la decisión sea de la Contraloría, mientras la oposición califica al contralor como “usurpador”. La decisión de la Contraloría de Venezuela de inhabilitar por 15 años al diputado de la Asamblea Nacional y presidente interino, Juan Guaidó, ha generado incertidumbre sobre el futuro del dirigente político que busca que Nicolás Maduro deje el poder.
Caracol Radio consultó con el abogado especialista en Constitución de Venezuela, Pedro Afonso del Pino, quien afirmó que lo usual cuando se presenta una inhabilidad, “no es sobre la función que está ejerciendo en el momento, sino para postularse a futuros cargos de elección popular o nuevos nombramientos”.
El abogado considera que en principio no debería afectarle su funcionamiento como diputado, ya que para destituir a un integrante de la Asamblea Nacional se debe llevar a cabo un procedimiento judicial que comenzaría por el allanamiento de su impunidad parlamentaria.
Además mencionó que para inhabilitar, la Constitución establece que debe haber una sentencia firme y eso solo lo puede hacer el poder judicial.
Del Pino, sin embargo, resaltó que no sería extraño que en la resolución la Contraloría “exhorta al Ministerio Público a desarrollar la investigación pertinente para ver si hay delitos”. Explica que la Contraloría sanciona por faltas administrativas pero no por delitos.
Por su parte el diputado opositor del partido Primero Justicia, Juan Miguel Matheus, dijo que la inhabilidad no es válida ya que el contralor Elvis Amoroso “no fue designado por la Asamblea Nacional, como dispone el artículo 279 de la Constitución”. Por esa razón dice que “usurpa” el cargo, “sus actos son nulos y su autoridad es ineficaz”
