El Tribunal Administrativo de Arauca admitió una acción popular presentada por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia), la cual alerta sobre el deterioro de la seguridad y los derechos colectivos en el departamento, que como dicen, es producto de la omisión del Estado en el cumplimiento de sus deberes constitucionales y la expansión de grupos armados ilegales.
Según la Fundación, los grupos al margen de la ley han asumido un control social y territorial significativo en Arauca, desplegando acciones delictivas como peajes ilegales, secuestros, amenazas, combates y el confinamiento de al menos 13 comunidades indígenas.
Además, la acción popular está respaldada por un análisis de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, informes de la Procuraduría General y reportes de la ONU.
En este contexto, la Fundación argumenta que evidenció la omisión estatal en su obligación de garantizar la seguridad, preservar la integridad del territorio nacional y brindar condiciones mínimas para el ejercicio de derechos fundamentales.
Impacto en comunidades indígenas
Como lo argumenta la demanda, la situación es especialmente compleja para la población indígena de Arauca, que representa el 39% de los habitantes del departamento, con 6.398 personas afectadas.
Solicitudes al Tribunal
La Fundación solicitó al Tribunal declarar vulnerados los derechos colectivos a la paz, la seguridad pública, la moralidad administrativa, el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes públicos.
Además, instó a que se tomen medidas urgentes para proteger a las comunidades indígenas y garantizar la seguridad de toda la población del departamento.
Participación ciudadana
La Fundación hizo un llamado a los ciudadanos cuyos derechos están siendo afectados a intervenir en el proceso a través del aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, utilizando el radicado 81001233900020240006000, para respaldar la acción popular y reforzar la necesidad de soluciones estructurales frente a esta crisis.
