La Secretaría Jurídica de la Presidencia respondió a la recusación que presentó la ONG Colombia Transparente, con la que se pretende sacar al presidente Gustavo Petro de la selección de la terna para fiscal general, por considerar que existe una pérdida de imparcialidad y objetividad por parte del mandatario.
Aseguraron en una comunicación enviada a Sergio Alzate, representante de Colombia Transparente, que “por mandato constitucional, el presidente, como suprema autoridad administrativa, tiene el deber de enviar a la Corte Suprema de Justicia la terna de la cual se elegirá al Fiscal General de la Nación, quien al conformar dicha terna solo debe verificar que los ternados cumplan con las calidades establecidas”.
En esta misiva de dos cartas, desde la Secretaría desestiman la recusación en tanto consideran que “la organización y distribución de competencias al interior de la Fiscalía es un asunto regulado por la Constitución y la ley (…) en el que no tiene ninguna participación o injerencia el presidente de la República, que es la suprema autoridad administrativa de la Rama Ejecutiva del Poder Público”.
Sin embargo, para la Presidencia no ha respondido “de fondo” sobre si el presidente está o no impedido para seleccionar la terna. “Solo han dicho que el presidente es la autoridad competente y que no interviente en asuntos de la Fiscalía. El debate es sobre el conflicto de interéses, más no sobre la competencia competencia presidencial”.
De hecho, el mismo director de Transparencia Colombia interpuso una tutela contra Presidencia por no haber contestado la recusación. Dice que no se ha enviado el expediente completo a la Procuraduría, por lo que el Ministerio Público no ha podido avanzar en la decisión. E inclusive, además, Alzate envió una carta a la Corte Suprema de Justicia solicitando que se devuelva la terna que presentó el mandatario, por los aparentes inconvenientes de imparcialidad.
