La angustia y la incertidumbre acompañan desde hace casi cuatro años a la familia de los hermanos colombianos Omar Francisco y Rafael Efraín Rodríguez Parada, quienes permanecen recluidos en cárceles venezolanas tras ser condenados a 30 años de prisión por delitos relacionados con terrorismo, en un proceso que sus allegados califican como injusto y sin pruebas concluyentes.
Los dos hombres, pescadores oriundos de la frontera colombo-venezolana, fueron detenidos el 22 de septiembre de 2022 en el estado Apure, junto con los venezolanos José Aponte Rojas, Gabriel López y Miguel Alexander Guedez. Posteriormente, al proceso judicial fue vinculado el joven campesino Oscar Jesús Trejo.
Según la acusación de las autoridades venezolanas, los seis hombres tendrían vínculos con disidencias de las FARC. Sin embargo, familiares y defensores sostienen que durante el juicio no se presentaron pruebas que demostraran tales señalamientos y aseguran que los procesados son trabajadores sin antecedentes relacionados con actividades armadas.
La sentencia fue emitida el 30 de enero de 2025 por el Tribunal Tercero de Terrorismo de Venezuela, que los declaró responsables de los delitos de terrorismo, tráfico ilícito de municiones, asociación para delinquir, contrabando agravado de combustible y conspiración.
Preocupación por el estado de salud
La principal preocupación de los familiares está relacionada con el deterioro físico de Omar y Rafael Rodríguez Parada, quienes permanecen recluidos en las cárceles El Rodeo II y El Rodeo III.
De acuerdo con sus allegados, ambos presentan secuelas derivadas de presuntas torturas sufridas durante su detención. Rafael padece fuertes dolores de columna y problemas cervicales que afectan su movilidad, mientras que Omar enfrenta una hernia testicular sin tratamiento médico y dificultades para mover los brazos.
“Antes de ser detenidos nunca habían tenido problemas de salud. Hoy están enfermos, debilitados y sin atención médica adecuada”, denuncian sus familiares, quienes también cuestionan las condiciones de alimentación y permanencia en los centros de reclusión.
La esposa de Omar, Glenys Santana, relató que la captura dejó profundas afectaciones emocionales en sus hijos.
“Hombres armados ingresaron a nuestra vivienda realizando disparos. Los niños pensaron que habían matado a su papá y aún viven con ese trauma”, afirmó.
Desde entonces, ni ella ni los menores han podido visitarlo por temor a desplazarse hasta territorio venezolano.
La captura y las denuncias
Según la versión de la familia, los hermanos se dedicaban a la pesca artesanal en el río Arauca y comercializaban sus productos en la población venezolana de Elorza.
La noche del 22 de septiembre de 2022, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) adelantaron un operativo en la zona. Primero fueron detenidos Rafael y otros acompañantes, y posteriormente las autoridades ingresaron a la vivienda de Omar.
Los allegados aseguran que durante los registros únicamente fueron hallados implementos de pesca, alimentos y documentos relacionados con la comercialización de pescado.
También denuncian que durante los interrogatorios los detenidos habrían sido sometidos a agresiones físicas para obtener información sobre personas identificadas como “Ramiro” y “Ale”, a quienes afirmaron no conocer.
Uno de los procesados, José Aponte Rojas, habría sufrido una convulsión y requerido atención médica tras las presuntas torturas, mientras que Oscar Jesús Trejo, según la denuncia familiar, fue incorporado posteriormente al expediente judicial sin haber sido capturado durante el operativo inicial.
Solicitan apoyo del Gobierno colombiano
Ante la situación, la familia ha acudido a distintas entidades colombianas en busca de apoyo. Magalys Gómez, tía de los hermanos Rodríguez Parada, indicó que ha presentado solicitudes ante la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación para que se revise el caso y se adelanten gestiones diplomáticas y humanitarias.
Sin embargo, asegura que hasta ahora no ha recibido respuestas concretas.
“Ya están enfermos, tienen secuelas de torturas y no reciben atención médica. Si el Gobierno colombiano no interviene, vamos a recibir dos cadáveres en lugar de nuestros familiares. Solo pedimos que se conozca la verdad y que regresen vivos”, manifestó.
Mientras continúan recluidos en Venezuela, sus familiares mantienen el llamado a las autoridades colombianas para que intervengan en el caso, promuevan una revisión de las condiciones de reclusión y adelanten acciones diplomáticas que permitan garantizar los derechos fundamentales de los detenidos.
