La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada destapó un caso de infiltración criminal en empresas de seguridad privada y ordenó la suspensión de 31 licencias de funcionamiento en distintas regiones del país.
Entre las decisiones ya adoptadas, se encuentran medidas contra compañías en Barranquilla como Atenas Seguridad Privada Ltda. y Maximus Seguridad Privada Ltda., a las que se les canceló la licencia en fallo de primera instancia.
La entidad advirtió que el fenómeno responde a un patrón identificado en las investigaciones:
“Todas las actuaciones se adelantan garantizando el debido proceso, pero bajo una postura firme frente a cualquier irregularidad. El patrón identificado muestra empresas que obtienen licencias legales para operar, pero posteriormente ponen personal, armas o recursos al servicio de organizaciones ilegales”, explicó el superintendente Larry Álvarez.
Además, confirmó que otras ocho empresas serán sancionadas próximamente como resultado de investigaciones en curso.
En el marco de estas indagaciones, las autoridades detectaron que armas autorizadas terminaron vinculadas a hechos delictivos, así como personal relacionado con estructuras criminales, lo que podría estar asociado a delitos como el lavado de activos y otras economías ilegales.
Este golpe se da en articulación con el sector Defensa y la Fiscalía General de la Nación, lo que ha permitido:
- Fortalecer el control de armas en manos de particulares
- Avanzar en investigaciones con impacto judicial
- Mejorar el cruce de información para detectar irregularidades
El superintendente también destacó que el sector de la vigilancia privada es clave para el país, al generar empleo para más de 360.000 familias, y reiteró que la mayoría de las empresas operan dentro de la legalidad.
Sin embargo, fue enfático en que cualquier empresa que sea utilizada para actividades ilícitas será sancionada: “Cualquier empresa que incumpla la ley o sea utilizada como vehículo para actividades ilícitas será sancionada con todo el peso institucional”, advirtió.
La Superintendencia aseguró que continuará con una vigilancia rigurosa basada en inteligencia, analítica de datos y articulación interinstitucional para evitar que el sector sea utilizado por estructuras criminales.
