El partido de los Comunes radicó ante el senado un proyecto de ley que busca que el trabajo sexual sea un actividad laboral formal. De esta manera, los establecimientos que ofrecen ese tipo de servicios serían patronos en una relación laboral con quienes ejercen la prostitución.
La iniciativa propone que la remuneración económica no sea inferior a un salario mínimo legal mensual vigente y que las trabajadoras estén vinculadas a seguridad social y salud en el trabajo. Además de tener vacaciones, licencias de maternidad y paternidad, licencias por luto, primas de servicios, día de la familia y cajas de compensación familiar.
Cabe resaltar que las modalidades de trabajo sexual que propone este proyecto son: el trabajo sexual en espacios públicos, modelaje webcam, creación de contenido, pornografía, intercambio de servicios sexuales dentro de un establecimiento comercial, escort o persona de compañía y baile erótico.
Además, el texto contempla la regulación de los establecimientos vinculados a la práctica, como los clubes, centros de entretenimiento, burdeles, casas de lenocinio, discotecas y cualquier otro lugar que ofrezca servicios sexuales relacionados, independientemente de su denominación.
Según el proyecto, estos establecimientos no deberán ser catalogados como ilegales, otorgándoles el derecho a la propiedad y la gestión de sus operaciones comerciales.
El articulado enfatiza en que las trabajadoras no podrán ser contratadas por medio de la modalidad de prestación de servicios, contratos civiles o mercantiles. Además, el uso del condón femenino o masculino será obligatorio.
Sandra Ramírez, integrante de la bancada de los Comunes aseguró que con el proyecto se busca erradicar los delito de trata de personas y a su vez, dignificar el trabajo sexual.
“Rechazamos los delitos como la trata de personas, es justamente lo que buscamos acabar, que no se cometan más delitos contra los cuerpos de las mujeres y que no se violen más sus derechos humanos”.
De llegar a ser aprobada la iniciativa, su regulación quedaría en manos del Ministerio de Salud, en coordinación con las organizaciones de personas que ejercen la prostitución, para definir detalles como el reglamento en materia de salud mental y física, para las trabajadoras.
