Un nuevo proceso se abrió en la Procuraduría General de la Nación, en contra del alcalde de Arauca y de varios de sus funcionarios, por presuntas irregularidades en el proceso de selección del programa de alimentación del municipio, que se dio en el año 2024
La queja disciplinaria fue interpuesta por el ciudadano Leonardo Jiménez Muñoz, en contra de Juan Alfredo Qüenza Ramos, como alcalde de Arauca, así mismo fueron vinculados: Marcos Eulises Barón Ortiz, en su calidad de Asesor Jurídico; Yomy Vanessa Espinel Durán, en su calidad de Secretaria de Hacienda Municipal; Aquilino Enrique Escobar Serrano, Secretario de Educación Municipal y María Stela Junieles Barrios, profesional universitaria, todos ellos empleados públicos del Municipio de Arauca.
Según el documento radicado en el ente de control, los ya mencionados habrían incurrido en el incumplimiento de los deberes funcionales, que corresponden a todo servidor público, con relación al proceso de SELECCIÓN ABREVIADA MEDIANTE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA No. 4SU-001-2024, cuyo objeto es el “APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”, por un valor de SIETE MIL CIENTO OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($7.108.657.684,00)
Modificaron requisitos para favorecer a un tercero?
Se indicó en el radicado que: “Se ha revelado que el principal y mayoritario integrante con el 95% de la Unión Temporal Alimentando Futuros 2024, Representada por Alix Karla Karolina Granados Camacho, única oferente del millonario contrato, previamente había cuestionado las condiciones del proceso. Esta empresa, quien solicitó directamente a la Alcaldía de Arauca que le permitiera participar con su mejor indicador financiero de los últimos tres años, recibió una respuesta favorable a su petición en la etapa de observaciones. ¿Coincidencia o estrategia calculada para asegurar el contrato? Esta situación deja abiertas muchas preguntas sobre el verdadero alcance de la participación en el proceso y la respuesta de la administración municipal”, se dijo en el escrito.
El asunto se centra en la Evaluación Financiera del proceso 4SU-001-2024 para el Programa de Alimentación Escolar, donde se realizó utilizando los indicadores financieros con fecha de corte al 31 de diciembre de 2021, es decir, con datos de hace más de dos años, que no corresponden al último año fiscal del 2022.
En la queja se argumentó que “…, sea lo primero indicar que a través de los Decretos 579 de 2021 y 1041 de 2022 se desarrolló la facultad a los proponentes para inscribir en el RUP la información financiera y organizacional de los oferentes correspondientes a los últimos tres (3) años fiscales; no obstante, conforme lo dispone el Decreto 1041 de 2022, dicha facultad sólo se ampliará hasta la vigencia 2023.” Aun con esta aclaración, el hecho de haber extendido esta disposición vencida al año 2024, se convierte en una prueba objetiva y de mala fe de que la adjudicación es ilegal y viola los principios de contratación pública, dado que permite a un único contratista obtener el contrato bajo condiciones que no se ajustan a la normativa vigente. Evaluar al oferente con indicadores de 2021 en lugar de 2022, año en el que no cumple los requisitos necesarios para obtener la adjudicación, apunta a una clara falta de transparencia y una celebración indebida de contratos sin el lleno de requisitos legales”.
