En un documento de 492 paginas fue emitida por la Coordinadora Nacional de justicia y paz de la Procuraduría, Diana Nilo, una tutela que considera que sobre este tema se debe proteger los derechos a la administración de justicia, al debido proceso, de acceso afectivo a la administración de justicia y el derecho a la verdad.
Y es que para la Procuraduría General la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz de admitir a Mancuso, desconoce como se lee en el documento, el “principio de juez natural y por lo propio, de la competencia adscrita al Sistema Transicional de Justicia y Paz para conocer sobre la imposición, sustitución de medida de aseguramiento de detención preventiva para el postulado condenado parcialmente Salvatore Mancuso”.
Así mismo la procuradora enfatizó en que en la actualidad, aún resta por juzgar a Mancuso en Justicia y Paz por el 94% de sus víctimas, lo que se traduce a 45 sentencias faltantes para completar su proceso de comparecencia ante la justicia.
Pero además, el Ministerio Público reconoció que la JEP quedó restringida solo para ex miembros o colaboradores de las Farc, agentes estatales no integrantes de la fuerza pública y terceros civiles que participaron directa o indirectamente en el conflicto armado y que “no aplica para miembros de la fuerza pública ni para combatientes o miembros de grupos al margen de la ley”.
