La Procuraduría General de la Nación sancionó a cinco exfuncionarios de la Gobernación de Arauca por graves irregularidades en la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios 469 de 2019, correspondiente al Programa de Alimentación Escolar (PAE), que generó sobrecostos por $898 millones.
Entre los sancionados se encuentran William Arévalo Quintero, exsecretario de Educación de Arauca, y Uriel Niño López, exgerente (e) de Contratación, ambos destituidos e inhabilitados por un periodo de 9 años y 6 meses.
La Procuraduría comprobó que Arévalo Quintero participó en la elaboración de estudios previos del modificatorio 1 y firmó el adicional 1 por más de $3.793 millones sin justificaciones técnicas y económicas suficientes, lo que derivó en millonarios sobrecostos. Por su parte, Niño López fue hallado responsable por omitir el control sobre los documentos contractuales y no garantizar su publicación en el SECOP, vulnerando los principios de transparencia y legalidad.
En la misma decisión, también fue destituida e inhabilitada por 9 años Maricel Ortiz Ramírez, exsecretaria de Educación Departamental, por aprobar una adición al contrato por $4.242 millones sin estudios previos ajustados a los lineamientos nacionales del PAE, especialmente en el contexto de la pandemia por COVID-19.
Asimismo, el exgobernador de Arauca (2020-2021), José Facundo Castillo Cisneros, fue suspendido por 12 meses —sanción que será convertida en salarios equivalentes a la época de los hechos— por autorizar una modificación al contrato por más de $14.000 millones sin contar con estudios de mercado que justificaran el cambio de modalidad de ración servida en colegios a ración para preparar en casa.
En cuanto a la interventora del contrato, Diana Susi Mahecha Herrera, representante legal de la firma Invida SAS, fue sancionada con una multa equivalente a 20 salarios mínimos y una inhabilidad de 10 años para ejercer funciones públicas o contratar con el Estado, por no cumplir con su deber de control en la ejecución del contrato.
Finalmente, Holman Jeffrey Ruiz Puerta, supervisor del contrato de interventoría, recibió una suspensión de tres meses convertida en salarios, tras comprobarse que no ejerció adecuadamente su labor de supervisión.
Según el Ministerio Público, estas omisiones permitieron que el contratista Unión Temporal Alimentar Arauca 2019 impusiera raciones deficientes, con cantidades de ingredientes insuficientes para garantizar 20 almuerzos por estudiante, afectando directamente los derechos fundamentales de los niños y adolescentes araucanos durante la pandemia.
La decisión de la Procuraduría es de primera instancia y podrá ser apelada ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular.
