La Asociación de Personerías de Arauca y Cubará (APAC) expresó su respaldo a las recientes decisiones judiciales que restringen las operaciones militares aéreas ofensivas en zonas donde exista información sobre la presencia de niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento forzado.
A través de un comunicado divulgado este 7 de septiembre de 2026, la organización recordó que la primera decisión judicial de este tipo en el país tuvo origen en Arauca, a partir de una tutela presentada por la Personería de Puerto Rondón.
El 6 de julio de 2026, el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Arauca ordenó suspender temporalmente durante dos meses los bombardeos contra grupos armados, mientras se diseñaban e implementaban protocolos orientados a la protección de menores.
Posteriormente, mediante medida cautelar del 3 de septiembre, el Juzgado 34 de Familia de Bogotá ordenó a la Presidencia de la República y a las Fuerzas Militares abstenerse de realizar operaciones aéreas ofensivas cuando exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable sobre la presencia de menores víctimas de reclutamiento.
Una decisión similar fue adoptada por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de San José del Guaviare, que dispuso restricciones temporales a los bombardeos cuando existan alertas de inteligencia sobre la presencia de niños, niñas o adolescentes y ordenó evaluar previamente alternativas operacionales menos lesivas.
La APAC sostuvo que estas decisiones no buscan impedir las operaciones de la Fuerza Pública contra los grupos armados, sino exigir mayores medidas de precaución para proteger a los menores que hayan sido reclutados y puedan encontrarse en las zonas de operación.
Las personerías hicieron un llamado al Gobierno Nacional, las Fuerzas Militares, la Rama Judicial y los organismos de control para actuar de manera coordinada, fortalecer la lucha contra el reclutamiento forzado y garantizar el cumplimiento de las decisiones judiciales.
La organización reiteró que continuará acompañando desde los territorios la defensa y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes afectados por el conflicto armado.
