El pasado 18 de septiembre, Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, envió una carta a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, manifestando su preocupación por dos anuncios del Gobierno de Abelardo de la Espriella.
El primero, un recorte presupuestal al tribunal de paz por $100.000 millones de pesos. Y el segundo, una reforma constitucional para que las decisiones de la JEP las revise la Justicia Penal Militar.
Ramelli aseguró que con estas propuestas el Gobierno estaría incumpliendo sus compromisos internacionales con el Acuerdo de Paz y debilitando la JEP.
Al respecto, ya se pronunció el presidente Abelardo de la Espriella, en un largo pronunciamiento en X, de 17 párrafos, en los que asegura que no comparte ni acepta el contenido, el alcance ni el tono de esa comunicación.
Dijo que hoy no existe una sola decisión de su Gobierno que permita afirmar que Colombia incumple sus compromisos internacionales.
“Desde 2018, la JEP ha recibido del erario más de $3 billones. Señaló que reducir el presupuesto en $100.000 millones, como se ha propuesto, no es asfixia ni venganza: es responsabilidad fiscal”, dijo.
Y cuestionó el trabajo de la JEP y lo que se ha hecho con esos recursos: “¿Qué se ha hecho con los recursos ya recibidos? La JEP no está exenta de críticas”.
Durante años, dijo, se le reclamó la ausencia de sentencias. Las primeras decisiones restaurativas llegaron tardíamente, en 2025, y el volumen de sus resultados judiciales no corresponde con el tamaño de su aparato burocrático.
También cuestionó directamente al presidente de la JEP, Alejandro Ramelli: “El propio presidente de la JEP ha pasado, según cifras difundidas en el debate público, de recibir un salario aproximado de $32 millones de pesos mensuales en 2018 a más de $55 millones como presidente”.
El presidente De la Espriella planteó además que estos recursos sean redistribuidos en la Rama Judicial: “Lo que sí tengo claro es que la Rama Judicial ordinaria necesita con urgencia mayores recursos para cumplir su misión (…) mi prioridad será fortalecer la justicia que atiende diariamente a todos los colombianos”.
Y finalizó: “No tengo una política de venganza contra la JEP. Tengo el deber de ordenar el gasto, exigir resultados y destinar los recursos limitados del Estado a una justicia que sirva a todos”.
