Una investigación de la Corte Suprema de Justicia destapó un presunto entramado de corrupción que comprometería a más de 30 congresistas, en un escándalo que, según los investigadores, podría superar ampliamente las dimensiones del caso de la UNGRD.
De acuerdo con un expediente de más de 5.000 folios conocido por la revista SEMANA, la Sala de Instrucción adelanta indagaciones sobre una posible “venta de votos” en el Congreso, a cambio de contratos millonarios gestionados a través del Instituto Nacional de Vías (Invías). La cifra de la presunta repartija superaría el billón de pesos.
Contratos a cambio de respaldo político
La investigación apunta principalmente a congresistas de las comisiones económicas —terceras y cuartas de Senado y Cámara—, responsables de tramitar el presupuesto nacional y créditos internacionales. Según la Corte, desde el Ministerio de Hacienda se habrían direccionado más de 60 contratos para asegurar el respaldo a iniciativas del gobierno del presidente Gustavo Petro.
Las pruebas incluyen chats, videos, tablas de asignación y seguimientos detallados a los contratos. Un elemento clave es el testimonio de María Alejandra Benavides, exasesora del entonces ministro Ricardo Bonilla, quien es considerada testigo estrella. Su declaración describe un mecanismo sistemático para distribuir contratos a cambio de apoyo legislativo.
Arauca en el expediente: foco sobre Karen Manrique
Dentro del expediente aparece la representante a la Cámara Karen Astrid Manrique, oriunda de Arauca y ya vinculada al escándalo de la UNGRD. En su caso, la Corte analiza un contrato en el municipio de Fortul por más de 23.000 millones de pesos, relacionado con el mejoramiento de vías, que además tuvo una adición cercana a los 4.900 millones.
Los investigadores buscan establecer si estos recursos hacen parte de la misma lógica de asignación de contratos a cambio de respaldo político.
Señalamientos también alcanzan a su esposo
Uno de los puntos más sensibles del caso tiene que ver con el entorno cercano de la congresista. Según la investigación revelada, también se indaga el presunto papel de su esposo, Gustavo González Ruiz, quien habría tenido participación como posible ejecutor de contratos en el marco del escándalo de la UNGRD.
Este elemento refuerza las hipótesis de los investigadores sobre la existencia de redes que no solo involucrarían a congresistas, sino también a terceros encargados de materializar la contratación en las regiones.
Un patrón que se repite
El expediente detalla 82 procesos contractuales revisados, de los cuales 61 coinciden con la información entregada por la testigo clave. En varios casos, la Corte detectó contratos que recibieron adiciones millonarias, incluso superiores a su valor inicial, así como proyectos cuya necesidad no estaría plenamente justificada.
Además, se documentó la presencia recurrente de congresistas en las oficinas del Invías en Bogotá, lo que para los investigadores podría evidenciar gestiones directas relacionadas con la asignación de contratos.
Lo que viene en el proceso
La Corte Suprema mantiene abiertas las indagaciones y en las próximas semanas podría tomar decisiones de fondo. Mientras tanto, varios de los congresistas mencionados han defendido su actuación, asegurando que se trata de gestiones legítimas en favor de sus regiones.
Sin embargo, el volumen de pruebas —que incluye testimonios, documentos y registros contractuales— mantiene en el centro del escándalo a figuras como Karen Manrique y su entorno cercano, en un caso que podría redefinir el panorama político y judicial del país.
