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Más de 22.000 personas damnificadas en Arauca: Defensoría exige respuesta urgente del Estado

La Defensoría del Pueblo intensificó su presencia en el departamento de Arauca para brindar acompañamiento a las comunidades afectadas por las recientes inundaciones, especialmente en zonas rurales de los municipios de Arauquita y Saravena.

Uno de los sectores más golpeados es el centro poblado de Bocas de Ele, en el corregimiento de Puerto Jordán, donde el desbordamiento del río Ele provocó la caída del puente comunitario, dejando incomunicadas a 75 familias campesinas y a más de 500 indígenas del pueblo Hitnü. Ante la ausencia de ayuda oficial, los habitantes realizaron una reparación provisional que ha permitido un paso peatonal, aunque insisten en la necesidad de reconstruir el puente para permitir el tránsito vehicular y garantizar la movilidad de productos agrícolas.

La situación también es crítica en Mata Oscura, La Esmeralda y otros ocho resguardos indígenas de Arauquita. Según datos preliminares, al menos 21.000 personas han resultado afectadas en zonas rurales. En el municipio de Arauca, sectores como Todos los Santos y Caña Fístola también presentan afectaciones por el aumento del nivel de los ríos.

Puerto Nariño, en Saravena, también enfrenta emergencia

En el corregimiento de Puerto Nariño, municipio de Saravena, unas 600 familias tuvieron que abandonar sus viviendas debido a las inundaciones. Uno de los casos más sensibles es el de la institución educativa Antonio Nariño, que suspendió clases presenciales. Un total de 680 estudiantes de primaria y secundaria, junto a 40 niños del Centro de Desarrollo Infantil, permanecen sin acceso adecuado a la educación, recibiendo únicamente guías bajo un modelo flexible.

Llamado urgente a las autoridades

Tras visitar las zonas afectadas, la Regional Arauca de la Defensoría del Pueblo instó a las autoridades del orden nacional, departamental y municipal a activar con urgencia planes de atención integral, entrega de ayudas humanitarias y garantías de derechos fundamentales como salud, alimentación, educación y vivienda.

“La respuesta interinstitucional debe ser inmediata y eficaz para evitar una mayor vulneración de derechos humanos”, señaló la entidad, recordando que la emergencia pone en riesgo a poblaciones vulnerables como comunidades indígenas, menores de edad y adultos mayores.

Compromiso con la defensa de derechos

Además del acompañamiento, la Defensoría promueve espacios de exigibilidad para que las comunidades conozcan y reclamen el cumplimiento de sus derechos, en medio de una emergencia que, más allá del clima, revela la precariedad de la infraestructura y la debilidad institucional en estos territorios.

La entidad ratificó su presencia permanente en los puntos críticos, con el objetivo de proteger la integridad física y emocional de los afectados, y reiteró que continuará su labor hasta que los entes competentes respondan con acciones concretas.

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