El sorpresivo giro en la audiencia de imputación al periodista
El proceso contra el periodista Jorge Alfredo Vargas dio un inesperado giro en las últimas horas. Tres de las cuatro mujeres, presuntas víctimas de acoso sexual por parte de quien fuera el presentador de noticias más popular de Colombia, enviaron una carta anunciando que no quieren participar en el juicio contra él.
Las alegadas víctimas le escribieron a la fiscal quinta delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Patricia Hernández Zambrano, encargada del caso, anunciando que renuncian a ser representadas y, aún más, que su voluntad es no declarar en un juicio contra él.
Las tres mujeres aseguran que ellas jamás denunciaron penalmente a Jorge Alfredo Vargas, que, en cambio, presentaron un reclamo laboral que consideran tramitado dentro de Caracol Televisión.
La historia detrás de la determinación es la siguiente:
El pasado 13 de marzo, tres periodistas y una estudiante en prácticas de Caracol Noticias presentaron una queja en el Departamento de Gestión Humana de la empresa.
Esa queja de hace cinco meses originó un comunicado de Caracol anunciando la investigación el 20 de marzo. Cuatro días después, el 24, Jorge Alfredo Vargas y el presentador de deportes Ricardo Orrego salieron de la compañía.
El 26 de marzo, apenas dos días después, el Ministerio de Trabajo ordenó una inspección laboral en las instalaciones del canal. La visita, que fue presentada inicialmente como un ejercicio pedagógico y preventivo, derivó en una especie de allanamiento a los archivos del canal.
La viceministra de Relaciones Laborales, Sandra Muñoz, quien dirigió el operativo, exigió la entrega de los archivos del departamento de Gestión Humana. Los abogados laborales de Caracol argumentaron que allí reposaban quejas entregadas bajo condición de confidencialidad.
La viceministra argumentó que dicha confidencialidad no era oponible en una inspección laboral y la diligencia fue presentada en las redes sociales con videos musicalizados –y francamente con cierto tinte político y tremendista a favor del llamado gobierno del Cambio–. Según la alta funcionaria, esa sería la primera de varias acciones contra medios de comunicación:
De la inspección a RTVC nada se supo, pero el acta de la diligencia en el canal Caracol fue filtrada a la Revista Semana y a la Revista Raya, que trabaja en asocio con RTVC.
Al mismo tiempo, la queja de las cuatro presuntas víctimas fue trasladada del Ministerio de Trabajo a la Fiscalía General de la Nación para iniciar procesos penales.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, diligentemente conformó un grupo especial de investigación liderado por una fiscal del más alto nivel y del que hacen parte varios fiscales especializados en este tipo de investigaciones.
Lo que las tres presuntas víctimas argumentan en su carta es que ellas jamás presentaron una denuncia penal y que no quieren ser representadas en el proceso ni por abogado particular, ni por la Defensoría del Pueblo. Afirman también que el asunto laboral lo consideran concluido y que no van a declarar en un eventual juicio a Jorge Alfredo Vargas.
Una cuarta víctima sí quiere continuar y nombró como su representante a la abogada Ana Bejarano Ricaurte.
Tanto ella como la fiscal Patricia Hernández solicitaron que las presuntas víctimas fueran anonimizadas, es decir, que no se dieran a conocer sus nombres, y que en adelante las audiencias fueran reservadas.
Cuando todo indicaba que la juez María Teresa Santacruz, que preside el caso, aceptaría la reserva de las identidades pero continuaría la audiencia con carácter público, sucedió lo contrario.
La juez, invocando las normas y con todo derecho, ordenó que la audiencia fuera reservada y, en cambio, que la identidad de las presuntas víctimas fuera conocida por el procesado y por sus defensores: la exvicefiscal general María Paulina Riveros y el penalista Juan David Bazani.
La abogada Ana Bejarano, representante de víctima, advirtió que el poder no le permitía descubrir la identidad de su poderdante y, en consecuencia, la juez le pidió que abandonara la diligencia.
La fiscal le imputó cargos a Jorge Alfredo Vargas y él no los aceptó.
El asunto que se discutirá en la audiencia preparatoria es el siguiente: El acoso sexual es un delito que no requiere denuncia para ser investigado. La Fiscalía puede continuar el caso de oficio.
Las alegadas víctimas pueden ser citadas al proceso como testigos, aunque conservan el derecho de negarse a declarar.
Si ese llegara a ser el caso, tres cuartas partes del proceso están tambaleando, lucen endebles para un eventual juicio porque en un proceso oral los testimonios de viva voz –y controvertibles por parte de la defensa que puede contrainterrogar y confrontar al testigo– tienen mucho más valor que una declaración escrita entregada en un departamento laboral de una empresa privada como Caracol.
