La Sala de Amnistía o Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz ordenó a la Policía Nacional, a la Interpol, a la Dijín y a la Registraduría Nacional que elimine los antecedentes judiciales de 9.600 firmantes de paz de las extintas de Farc que recibieron amnistías de iure, que es un documento que certifica que no tiene deudas con la justicia, otorgadas por decreto de la Presidencia de Juan Manuel Santos, por delitos políticos cometidos durante el conflicto armado.
Esta orden tiene como fin materializar los efectos de los beneficios jurídicos de los firmantes de paz y garantizar su reincorporación de manera eficaz. La Jurisdicción Especial para la Paz aclara que estas amnistías fueron otorgadas en cumplimiento del Acuerdo de Paz firmado en el año 2016 entre el Estado colombiano y las Farc.
Los excombatientes que recibieron este beneficio no están vinculados con crímenes de guerra y de lesa humanidad.
La Sala de Amnistía o Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz, en cumplimiento de su deber de garantizar la seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado interno, considera necesaria no ´solo la comunicación formal de su contenido a los beneficiarios y entidades concernidas, sino, además, promoverá jornadas pedagógicas presenciales y virtuales para su plena comprensión.
Con esta orden se procederá a implementar acciones relacionadas con la vigencia de las órdenes de captura, así como la verificación ante las autoridades judiciales para verificar la cancelación y, estará atenta a través de los canales de comunicación, para atender las solicitudes, interrogantes y generar respuestas que permitan garantizar el derecho a la información y a la seguridad jurídica de los beneficiarios en este caso los excombatientes de las antiguas Farc de la amnistía de iure.
