La JEP emitió el primer Auto de Determinación de Hechos y Conductas en el marco del Caso02, que priorizó la situación territorial de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas (Nariño) entre 1990 y 2016. En éste se atribuye responsabilidad por crímenes de guerra y de lesa humanidad a 15 exintegrantes de las Farc-EP, por hechos cometidos contra Pueblos, Comunidades, Poblaciones y Territorios, de Nariño, en el marco del Caso 02.
La magistrada Belkis Izquierdo, relatora de dicho caso aseguró que se halló como máximos responsables a 15 comparecientes de las columnas móviles Daniel Aldana, Mariscal Sucre y del Frente 29 de las Farc por los delitos de violencia sexual, masacres, desapariciones forzadas, confinamientos y, reclutamiento y utilización de niñas y niños, violaciones, esclavitud sexual y destrucción del Territorio y la Naturaleza.
La JEP determinó que, en la implementación de la política de control social y territorial, en los municipios priorizados, se ejecutaron 6 patrones criminales que generaron daños graves, diferenciados y desproporcionados contra sus habitantes y el Territorio.
Los afectados por estas conductas fueron principalmente Pueblos Indígena, el Pueblo Negro Afrocolombiano, comunidades campesinas, poblaciones urbanas y rurales, mujeres y niñas, personas con orientaciones sexuales e identidades y expresiones de género diversas, la Naturaleza y los Territorios ancestrales y colectivos.
Entre los 15 comparecientes se encuentran Pablo Catatumbo Torres Victoria, conocido como Pablo Catatumbo, además de Édgar López Gómez, conocido como Pacho Chino, entre otros comandantes de las unidades investigadas por la JEP.
En los municipios priorizados, el 90% del total de la población se reconoce como parte de algún Pueblo Étnico y el 78.6% del territorio es ancestral y colectivo. Este territorio se caracteriza por la diversidad y riqueza cultural, étnica, lingüística, de género y socioecológica.
En este contexto se destaca que, pese a los ataques de los actores armados contra las poblaciones urbanas y rurales, ellas han construido, mantenido y fortalecido sus procesos organizativos y comunitarios para resistir y afrontar las dinámicas de la guerra.
En el desarrollo de esta política de control territorial y social se ejecutaron múltiples crímenes no amnistiables contra la población civil. La Sala de Reconocimiento determinó la existencia de 6 patrones macrocriminales.
