El Minjusticia Néstor Osuna y el Mininterior Alfonso Prada radicaron en el Senado de la República el proyecto de ley de sometimiento de bandas criminales. “Es un proyecto de sujeción a la justicia ordinaria, en el que tendrá enorme protagonismo el poder judicial, tanto con la Fiscalía General de la Nación como con los jueces y magistrados”, dijo Osuna.
El articulado del proyecto aumentó. Pasó de 54 artículos a 63 debido a que se incluyeron las observaciones que hicieron el Fiscal General Francisco Barbosa y el Consejo de Política criminal. Se incorporó un capítulo de protección a las víctimas que antes no estaba y que ofrece un robusto andamiaje de protección a las víctimas para que puedan participar en el proceso.
Amplía los términos de investigación para la Fiscalía General, no habrá una Fiscalía “paralela” y será el Fiscal quien determine a quien asigna esos procesos.
Delincuentes que se acojan a la ley de sometimiento de bandas y delaten patrimonios criminales podrían quedarse hasta con el seis (6%) del valor de los bienes que sean entregados. El proyecto de ley plantea que no excederá los 10 mil SMLMV.
LAS PENAS
El proyecto contempla que a los jefes o cabecillas de la estructura armada organizada de crimen de alto impacto se les imponga una pena de privación efectiva de la libertad en establecimiento carcelario de seis (6) a ocho (8) años, de acuerdo al grado de responsabilidad individual, sin derecho a detención domiciliaria, libertad condicional.
Permiso de 72 horas, ni redención de penas por trabajo o estudio; y un periodo de cuatro (4) años de componente restaurativo con mecanismos de vigilancia y monitoreo, extramural, con participación en programas de justicia restaurativa y de reintegración.
VERIFICACIÓN
El proyecto contempla la creación del Comité Interinstitucional de Verificación, para que en un término de (15) días entregue el listado definitivo.
Hacen parte del comité un delegado de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, quien lo presidirá; del Ministerio de Defensa Nacional, de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Dirección Nacional de Inteligencia, la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Defensoría del Pueblo, y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, quien ejercerá la secretaría técnica.
