En un movimiento drástico para evitar un colapso fiscal, el Gobierno nacional va a declarar la emergencia económica, tras hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso de la República.
La medida responde a un hueco presupuestal de $16,3 billones que deja desfinanciado el presupuesto general de la Nación para 2026, cifrado en $546,9 billones, según estimaciones del Ministerio de Hacienda.
El ministro de Hacienda, en rueda de prensa desde, explicó que estos recursos son “imprescindibles e ineludibles” para cubrir gastos esenciales en salud, educación, seguridad y subsidios sociales.
“El rechazo legislativo nos obliga a actuar con la rapidez que la Constitución permite en situaciones de crisis. Sin esta inyección, el próximo año enfrentaría parálisis en servicios públicos e incumplimientos internacionales”, afirmó.
Medidas tributarias vía decreto: progresividad y sectores clave en la mira
Con la emergencia decretada, el Ejecutivo busca revivir y potenciar varios impuestos mediante facultades extraordinarias, apostando por una reforma más progresiva que grave a quienes más tienen capacidad contributiva. Las propuestas centrales incluyen:
Impuesto a las transacciones financieras que será del 5X MIL de acuerdo con lo establecido en el borrador de decreto.
- Impuesto de renta para personas naturales: Ampliación de la base gravable con tramos más altos para ingresos superiores a $10 millones mensuales, eliminando deducciones excesivas y enfocándose en la progresividad.
- Sectores rentables: Nuevos gravámenes a ganancias del sector financiero (bancos y aseguradoras), minero-energético (petróleo, carbón y minerales) y plataformas digitales (streaming y e-commerce transnacional), con tasas estimadas entre el 2% y 5% sobre utilidades.
- Consumos específicos: Impuestos al “vicio” como bebidas azucaradas (aumentando el 10% actual) y ultraprocesados alimenticios, alineados con recomendaciones de la OMS para combatir la obesidad.
- Ajustes estructurales: Reducción de exenciones tributarias en sectores privilegiados, modificaciones al IVA (posible alza selectiva en bienes suntuarios), revisión de ganancia ocasional (de 10% a 15-20% en ventas de activos) y actualización del impuesto al patrimonio para grandes fortunas.
- Incentivos verdes: Contrapartes positivas como deducciones por inversión en movilidad sostenible (vehículos eléctricos, transporte público y ciclovías), buscando equilibrar la carga fiscal con metas ambientales.
