La arremetida de este grupo armado en el nororiente colombiano deja un saldo de más de 20 mil desplazados y al menos 80 muertos.
La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, revocó los beneficios de suspensión de las capturas que tenían, desde los años 2022 y 2023, 31 representantes del ELN, quienes habían sido reconocidos por el Gobierno Nacional como voceros para hacer parte de la mesa de diálogos de paz.
La decisión del principal ente acusador del país, se fundamenta en los actos criminales perpetrados por este grupo armado en la región del Catatumbo, y “el incumplimiento de las condiciones para la suspensión de las órdenes de captura”.
A partir de este miércoles 22 de enero, cobran vigencia las órdenes de captura contra:
Pablo Beltrán, Nicolás Rodríguez Bautista, Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, Aureliano Carbonell, Bernardo Téllez, Gustavo Martínez, Consuelo Tapias, Silvana Guerrero, Isabel Torres, Óscar Serrano, Vivian Henao, Ricardo Pérez, Cataleya Jiménez, Eduin Restrepo, Américo Trespalacios, Manuela Márquez, Mauricio Iguarán, Simón Babon, Tomás García Liviana, Andrea Montoya, Herlinda Martínez, Elena Velasco, Alejandra Hernández, Samuel Galvis, Ómar Vásquez, Fabián Sepúlveda, Camilo Ariza, José Manuel Cerón, Ernesto Alzate, Manuel Aponte y Miguel Ochoa.
La decisión ya fue comunicada a la Presidencia de la República, al consejero comisionado para la Paz y a las autoridades de policía judicial para que, a partir de la Resolución 00015 de 2025, actúen en el marco de sus competencias.
