Nada más parecido a un “Para-Estado”, que la situación que vive desde hace décadas el departamento de Arauca. Una de las regiones más apartadas de Colombia, olvidada por el Estado y con una fragilidad enorme, debido a sus casi 300 kilómetros de frontera con Venezuela.
A esta zona de la Orinoquía Colombiana todo le llegó tarde. Solo hace 40 años llegó la luz eléctrica; hace 35, la televisión nacional; y desde hace 25 años atrás, se cuenta con algunos tramos pavimentados, de los 780 kilómetros de carretera que hay hasta Bogotá y ni que decir de la vía hacia los Santanderes: continúa siendo una trocha.
Otro tema son las políticas y programas estatales, donde muchos de ellos nunca llegaron a los habitantes y beneficiarios. Tal ausencia estatal, sumada a la insospechada aparición de importantes yacimientos de petróleo, fue caldo de cultivo para que se consolidaran en la región grupos armados como el ELN, quienes hoy en día son “la ley”, tienen el control territorial de algunas zonas del departamento y sin temor a equivocarnos, también el control político, por ende el económico.
Todo se dio y confluyó para que esto fuese así. Campesinos huyendo de la violencia en la década de los 60 y promovidos por una política de ampliación de la frontera agrícola, llegaron a la región del Sarare, en el piedemonte araucano, encontrándose unas tierras fértiles y ricas en recursos naturales, pero sin ninguna infraestructura estatal. Todo estaba por hacer: desde las carreteras, hasta los pueblos.
Con el paso de los años, se produce la primera movilización campesina del Sarare, promovida por la búsqueda de vías que les permitiera sacar sus productos y mejorar las condiciones de vida. A esto se suman los vientos revolucionarios de un naciente y fervoroso ELN, producto de los recientes descubrimientos de petróleo en el territorio, lo cual sirvió como combustible que avivara la llama de la violencia y como consolidación política y económica de esa guerrilla, producto de la extorsión a la industria petrolera, asunto que hoy persiste, pero ya no como una cuestión local, sino a nivel regional y nacional.
Precisamente con esa ausencia absoluta del aparato estatal se comienza a tejer por parte del ELN, un entramado social y político en la región que los llevó rápidamente a los cargos de elección popular, apoderándose de esta forma de los millonarios recursos del Estado, a tal punto de poder decir que en Arauca el ELN no depende de las rentas del narcotráfico, porque con fiereza libra su lucha por el territorio y el poder político. No en vano cuatro gobernadores han sido procesados y condenados por nexos con ese grupo.
Pensar hoy, que el ELN deje las armas en Arauca, es muy difícil. Pero, cómo hacerlo si lo tienen todo: territorio; poder político; acceso a millonarios recursos del Estado; armas; y además, la frontera con Venezuela, que les sirve de patio trasero y refugio para evadir el control de las autoridades colombianas.
Hoy más que nunca en la región se cree, que el gobierno del presidente Gustavo Petro tenía un acuerdo o negociación secreta con el ELN, para la financiación de este grupo o de al menos el Frente de Guerra Oriental. Ésta había sido una solicitud reiterada al gobierno nacional por parte del grupo: buscar un mecanismo de financiación y sostenimiento de sus miembros insurgentes.
Y todo lleva a pensar que así fue. Millonarios recursos salieron de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, destinados a financiar cuestionados proyectos como el de Las Ollas Comunitarias, por valor de $20.000 millones de pesos. O la contratación de 20.000 horas de maquinaria amarilla para atender emergencias, de las que nadie da razón. Contratos que fueron entregados a “aliados estratégicos” ideológicamente cercanos, como a algunas organizaciones sociales.
De qué otra manera se puede entender el silencio del gobierno, del Alto Comisionado para la Paz, del Ministro de la Defensa y del propio presidente Petro, frente a la situación de Arauca? Donde en los dos últimos años han sido asesinadas más de 700 personas y solo en lo corrido de este 2024 se han reportado más 100 secuestros? O que entre los meses de agosto y septiembre se hayan cometido 27 atentados a la infraestructura petrolera, sin que hasta el momento se perciba un solo acto de soberanía o defensa de los habitantes de la zona por parte de un gobierno que dice garantizar la honra, vida y bienes de los ciudadanos? La respuesta es una sola: tras muchas décadas, Arauca continúa en el olvido estatal, y muy seguramente seguirá estando bajo el yugo del ELN.
