Ante la polémica suscitada en torno a una supuesta resolución sobre el aprovechamiento comercial del chigüire (Hydrochoerus hydrochaeris) en la Orinoquia colombiana, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible aclaró que no existe ni se tramita ninguna normativa para habilitar su caza comercial, y que se trata de un ejercicio técnico interno, fundamentado en estudios científicos.
La ministra Lena Estrada Añokazi fue categórica: “Este Gobierno, en cabeza del presidente Gustavo Petro, no autorizará la cacería comercial del chigüiro en el país”. Recalcó que no hay ninguna emergencia alimentaria en la región que justifique el uso de esta especie para la venta de su carne.
El Ministerio recordó que, desde un fallo del Consejo de Estado en 2001, se han adelantado estudios sobre la dinámica poblacional del chigüiro y su posible manejo sostenible, incluso con miras a su aprovechamiento comercial. No obstante, el contexto ha cambiado significativamente con nuevas normativas centradas en el bienestar animal, el respeto por los seres sintientes y la lucha contra el maltrato, lo que invalida la viabilidad de una caza con fines comerciales.
Como parte de este enfoque actualizado, el pasado 12 de junio se realizó una mesa técnica con expertos, centrada en el bienestar animal. La conclusión: la prioridad debe ser la conservación de la especie y su trato digno, en coherencia con el Plan de Desarrollo del Gobierno del Cambio.
La ministra también hizo un llamado a las alcaldías de Bogotá y de los Llanos Orientales a fortalecer el control contra el comercio ilegal de carne de chigüiro, que alimenta el tráfico de fauna silvestre y contribuye a la criminalidad ambiental.
“No hay interés alguno en beneficiar a particulares ni en promover acciones que vulneren la protección del chigüiro”, subrayó Estrada Añokazi.
El Ministerio de Ambiente insistió en la importancia de un debate informado, sustentado en evidencia científica y basado en el diálogo multisectorial, reiterando su compromiso con la biodiversidad, el bienestar animal y la transparencia normativa.
