La Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia presentó ante el Consejo de Estado una demanda de pérdida de investidura contra nueve congresistas, entre ellos la representante a la Cámara por Arauca, Karen Manrique, por su presunta participación en el escándalo de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La acción judicial, interpuesta por el abogado Pablo Bustos, señala a Manrique como una de las parlamentarias que habría incurrido en tráfico de influencias y violación del régimen de incompatibilidades, al presuntamente gestionar cargos y contratos dentro de la UNGRD a cambio de respaldo político a iniciativas del Gobierno nacional en el Congreso.
Además de Karen Manrique, la demanda involucra a los senadores Martha Peralta, Berenice Bedoya, Julio Elías Chagüi, Liliana Bitar y Juan Pablo Gallo, así como a los representantes Wadith Manzur, Julián Peinado y Juan Loreto Gómez.
De acuerdo con el documento radicado ante el alto tribunal, los hechos estarían relacionados con el direccionamiento irregular de contratos millonarios, sustentados en declaraciones entregadas a la Fiscalía por el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y el exsubdirector Sneyder Pinilla, quienes señalaron la existencia de acuerdos políticos para favorecer a determinados congresistas en distintas regiones del país.
La Red de Veedurías advirtió que Karen Manrique y otros congresistas ya son objeto de indagaciones por parte de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, bajo presuntos delitos de cohecho impropio, en procesos que se apoyan en principios de oportunidad y preacuerdos con exfuncionarios implicados en el escándalo.
El Consejo de Estado deberá definir ahora si admite la demanda para su estudio, decisión que podría derivar en la pérdida de investidura de Karen Manrique, una sanción que implicaría su salida inmediata del Congreso y la inhabilidad para ejercer cargos públicos.
El caso ha generado especial atención en Arauca, donde organizaciones ciudadanas y sectores políticos reclaman claridad y responsabilidades frente a los señalamientos que salpican la representación del departamento en el Congreso de la República.
