Debido a diversos factores de riesgo que podrían generar alteraciones del orden público en 133 municipios de 24 departamentos, incluida la capital del país, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, lanzó una advertencia para el Gobierno Nacional tome las medidas necesarias para evitar el escalamiento de la violencia social por el inconformismo en los ciudadanos.
“Las posibles protestas es por la inscripción atípica de cédulas de ciudadanía, la falta de celeridad frente a las revocatorios de candidatos, y la falta de confianza en las instituciones y en el proceso electoral”.
Los 12 departamentos con más municipios en riesgo son Bolívar (13); Antioquia y Chocó (11 cada uno); Sucre y Magdalena (nueve cada uno); Caldas, Meta y Córdoba (siete cada uno), y Santander, Cauca, La Guajira y Boyacá (seis cada uno). Les siguen Norte de Santander (cinco); Cundinamarca, Nariño, Huila y Atlántico (cuatro cada uno); Casanare y Cesar (tres cada uno); Caquetá, Risaralda y Valle del Cauca (dos cada uno), y Guaviare y Tolima (uno cada departamento).
Para el caso de Bogotá, el riesgo es para las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Usme y Sumapaz (en el sur de la ciudad), Kennedy (suroccidente) y Suba (noroccidente).
Ante estos escenarios de riesgo la Defensoría del Pueblo hace cuatro recomendaciones el Gobierno Nacional.
- A los ministerios del Interior y de Defensa y a la Fuerza Pública, en el desarrollo del Plan Democracia, implementar medidas de contingencia que permitan prevenir posibles alteraciones del orden público durante y después de los comicios.
- Al Ministerio del Interior poner en marcha canales de comunicación para abordar eficazmente cualquier eventualidad que se pueda llegar a presentar y amenace la jornada de elecciones, el preconteo de votos y los escrutinios.
- A la Fuerza Pública trabajar en el refuerzo de los dispositivos de seguridad de los puestos de votación y sedes de la Registraduría Nacional, alcaldías y otras edificaciones y bienes públicos que pudieran resultar afectados por eventuales asonadas o disturbios.
- A los candidatos, partidos y movimientos políticos, utilizar los mecanismos legales para interponer las respectivas denuncias de delitos o irregularidades electorales, y no incentivar o promover que sus militantes y seguidores recurran a la violencia o a acciones que alteren el normal desarrollo de la jornada y sus resultados.
En el año 2019 el riesgo de protestas ciudadanas fue en 38 municipios de 18 departamentos del país.
Ante este riesgo de que en las elecciones del próximo domingo 29 de octubre se presenten protestas, disturbios o asonadas el Gobierno recibió las recomendaciones de la Defensoría y se comprometió a tomar medidas para garantizar la seguridad en la jornada electoral.
