Luego de que el secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar, entregara la licitación de pasaportes a Thomas Greg & Sons, causando que el presidente Gustavo Petro lo acusara de traición y lo declarara insubsistente, el funcionario se pronunció y dijo que tomó una decisión apegado a la Constitución.
Salazar afirmó que tomó la decisión “porque se adelantó un proceso de licitación pública que inició en mayo del año pasado, que concluyó con un postor que fue habilitado y calificado con el máximo puntaje, y tenía el derecho legítimo a ser adjudicatario del contrato que se licitó. Ese es el resultado”.
El funcionario indicó también que una de sus motivaciones fue evitarle al Estado un daño patrimonial. “El Estado se beneficia totalmente. Fue una de las motivaciones que tuve para actuar como actué, sabiendo que era una decisión que requería mucho valor. La tomé porque comunicando al Tribunal Administrativo la decisión, la demanda ya no tiene fundamento ya que esta atacando un acto administrativo que desapareció del ordenamiento jurídico. Ya no existe, entonces esa demanda concluir definitivamente”.
Frente al anuncio del presidente de declararlo insubsistente, el secretario dijo que presentará un recurso de reposición. “Yo soy un hombre leal, completamente leal, pero debo ser leal primero que todo a la Constitución y a la ley. Yo no puedo atender caprichos personales”, añadió en respuesta a la ‘traición’ que dijo Petro.
Salazar reconoció que el canciller encargado Luis Gilberto Murillo no estaba informado de esta decisión, pero que creía que estaba siguiendo sus instrucciones: “me restableció en el ejercicio de las funciones como representante legal del fondo rotatorio (…) entendí cuando me delegó nuevamente las funciones que la función que me daba era actuar de acuerdo con la Constitución y con la ley contractual, y eso es lo que he estado haciendo, entonces creo que estoy siguiendo sus instrucciones impartidas tácitamente, a través del mandato para que cumpla la ley”.
Finalmente, el secretario general de la Cancillería consideró que con esta decisión también debería quedar sin efecto la suspensión al canciller Álvaro Leyva por parte de la Procuraduría. “Yo creo que han cesado completamente las causas, los motivos que dieron lugar a la suspensión del canciller Leyva, y por lo tanto pienso que la Procuraduría va a estudiar esa situación para restablecerlo en su cargo ministerial”.
El funcionario considera que independientemente de si él sale del cargo, la decisión de entregar la licitación a Thomas Greg & Sons no podrá tener reversa. Sobre esto ni el presidente Gustavo Petro ni otros miembros del Gobierno se han pronunciado.
