La Corte Constitucional tumbó el decreto que estableció el impuesto solidario, en medio de la emergencia por el COVID-19. El decreto 568 establecía que los funcionarios públicos, contratistas del Estado y pensionados que ganaran más de 10 millones de pesos debían aportar hasta un 20% de su salario, para mitigar los efectos económicos en medio de la pandemia. Ese dinero iba destinado para ayudar a la clase media vulnerable y a trabajadores informales. Ahora la Corte señala que es inconstitucional y que su fallo tiene efectos retroactivos.
Sin embargo, el Estado no tendrá que devolver el dinero a las personas a las que ya se les cobró el fallido impuesto, sino que se considerará como anticipo para el pago del impuesto de renta el próximo año.
