El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, ordenó revisar los impactos fiscales del Acuerdo 002 de 2020 expedido por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y alertar, si es del caso, sobre la legalidad del otorgamiento de facultades para que particulares y privados ejerzan funciones administrativas propias de esta entidad. Mediante este Acuerdo del Consejo Directivo del ICA, se pretende autorizar a terceros particulares para ejercer funciones administrativas que corresponden de forma inherente al instituto.
Llaman la atención de la Contraloría General las disposiciones generales del Acuerdo 002 de 2020, en lo que respecta a la excepcionalidad constitucional y legal que permite que particulares ejerzan funciones administrativas, toda vez que tal como fue proyectado y como se reglamente el desarrollo de estas, posiblemente se podría generar una privatización de los recursos que por su origen tarifario y del servicio que se presta tienen calidad de públicos.
La CGR, a través de la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, verificará si se da una posible falta de planeación y estructuración del modelo financiero, que puede impactar notoriamente en la prestación del servicio a cargo del ICA y las tarifas para los usuarios y beneficiados, lo que generaría limitaciones en el acceso a los servicios que desarrollará el tercero particular.
Vale anotar que la posibilidad de privatización de los recursos aleja y limita a la Contraloría General de la República de su competencia constitucional, al ser estos manejados directamente por un privado sin distinción del ejercicio legal de que trata la norma respecto a la excepcionalidad de funciones administrativas por particulares y el servicio público prestados por estos.
