El alto tribunal dejo sin efectos la sanción de 8 meses que la Procuraduría General de la Nación le impuso a Rodolfo Hernández por tratar de manera irrespetuosa al concejal John Jairo Claro, cuando se desempeñaba como alcalde de Bucaramanga.
“La demanda se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente manera: Que el demandante se desempeñaba como alcalde de Bucaramanga, para el período constitucional 2016-2019. Que por hechos ocurridos con el concejal Jhon Jairo Claro Arévalo, el 22 de julio de 2019, el ente disciplinario emitió pliego de cargos (por incumplir el deber de tratar con respeto y dignidad al cabildante) y, como consecuencia de este, se inició investigación disciplinaria, la cual culminó con la sanción que hoy se demanda”, se lee en el fallo.
Además declararon que Hernández no está obligado a pagar la suma superior a los 95 mil millones de pesos, sino que en cambio, ese dinero deberá reconocérsele por parte de la Procuraduría si llegó a ser pagado por el exfuncionario.
Es importante también mencionar que uno de los argumentos del Consejo de Estado para darle la razón a Hernández, es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentó un precedente en el caso de Gustavo Petro cuando fue suspendido e inhabilitado cuando era alcalde de Bogotá, en el que se limitaron los alcances del Ministerio Público en ese sentido desde ese fallo.
Sin embargo es importante mencionar que contra Hernández continua la inhabilidad general por 12 años que me impuso la procuraduría por el caso de Vitalogic al hallarlo responsable de interés indebido en la adjudicación del contratista que se encargaría del manejo de las basuras en la ciudad de Bucaramanga.
