Mediante puestos de control viales, es posible regular la debida comercialización de productos que como en estos casos específicos, afectan al medio ambiente, o pueden poner en riesgo vidas humanas.
Como resultado de este permanente esfuerzo, en el sector de Puente Quinay, municipio de Arauquita, la Décima Octava Brigada, a través del Batallón de Artillería N.18 “José María Mantilla”, realizó la incautación de 287 cilindros metálicos de gas licuado, representados en: 249 de 35 libras, 27 de 77 libras, 8 de 100 libras, y tres cilindros más de origen venezolano.
Dichos elementos eran movilizados en un vehículo tipo camión marca Chevrolet, de color verde, e incumplían con la normatividad expuesta en la resolución 180196 de 2006, acerca del reglamento técnico para transporte y manipulación, por lo cual quedaron a disposición de la Policía Fiscal y Aduanera.
De igual forma, hombres del Batallón Especial Energético y Vial N.18 “General Eustorgio Salgar”, en inmediaciones a la Vereda El Encanto, del municipio de Toledo en Norte de Santander, incautaron 530 maderos aguacachos con longitudes de aproximadamente 25 metros cúbicos, avaluados en $3.180.000, los cuales eran transportados en un vehículo tipo volqueta marca Internacional de color negro.
En razón a que lo anterior constituye un delito tipificado en el código 328 de la ley 599 referente al aprovechamiento ilícito de recursos naturales no renovables, dos hombres de 23 y 24 años, fueron capturados y junto al material incautado y el vehículo inmovilizado, quedaron a disposición de la Policía del municipio de Cubará, departamento de Boyacá.
El Ejército Nacional invitó permanentemente a todas las personas emprendedoras de la región, a trabajar de la mano con la legalidad, pues creemos en que los habitantes del piedemonte araucano cuentan con el talento y potencial para sacar adelante sus proyectos; de esta forma podremos entre todos aportar a la economía local y cuidamos nuestros recursos naturales, así como también evitamos accidentes que puedan causar pérdidas materiales y humanas, o en su defecto, afrontar las consecuencias jurídicas y económicas por no cumplir con la legislación colombiana.
