Para nadie es un secreto que en Arauca los grupos al margen de la ley dominan extensas zonas del territorio. Son la ley en los municipios del piedemonte, controlan la economía y el comercio local, tienen empresas comerciales y algunas las camuflan como organizaciones comunitarias. Y ni qué decir de su participación en la política, donde ponen gobernantes a su antojo.
Esta situación es más que conocida por todos y es una realidad. Sin embargo, detrás de esta cortina se esconden graves hechos de corrupción que han causado igual o más daño que los grupos terroristas y que desangran a una región que necesita con urgencia una contundente acción del Estado.
Arauca no solo se destaca por la presencia e injerencia de grupos armados ilegales en todas las esferas de la sociedad, sino también por los graves hechos de corrupción que permanecen durante años a la espera de una decisión. Por ello, la falta de diligencia de los entes de control, la demora en los fallos de procesos judiciales sensibles para la región y el nulo avance de algunas investigaciones en la Fiscalía son parte de esa corrupción que campea en esta tierra.
¿Cómo explicarle al presidente Abelardo de la Espriella que a su lado tiene un alcalde con una docena de procesos que no avanzan en la Procuraduría? ¿Cómo explicarle que ese mismo alcalde ha sido denunciado por extorsión y que fue detenido por el Gaula cuando, extorsionaba a una menor de edad para evitar la publicación de unas fotografías íntimas? ¿Cómo decirle al presidente que en la Procuraduría se engavetó el proceso IUS E-2022-406345, IUC D-2022-2536981, en el que los diputados de ese entonces habrían elegido de manera irregular al contralor departamental y que hoy estaría a punto de prescribir la acción disciplinaria? ¿Cómo explicarle que, desde el Gobierno nacional, a través de un ministerio, se habría direccionado el robo a las regiones que lideró AREMCA y que, en el caso de Arauca, habría comprometido más de 100.000 millones de pesos?
La lista se volvería interminable, pero estos casos son una muestra de cómo la corrupción permea todos los estamentos del Estado en la región. La inoperancia de los entes de control es una muestra de ello. Si los jueces no hacen su trabajo y si las investigaciones no avanzan en la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría, estamos perdidos.
Capítulo aparte merece la llamada elenopolítica. También es cierto que algunos mandatarios locales tendrían vínculos con esas estructuras. A algunos les toca por presión y otros lo hacen por convicción, porque habrían sido impuestos por ellas. Pero ocurre lo mismo: ¿dónde están las investigaciones? ¿Dónde están los macrocasos por presunto testaferrato relacionados con algunas empresas de transporte, ferreterías y establecimientos hoteleros, especialmente aquellos que, según señalamientos, lavarían dinero del ELN? Todo el mundo lo comenta, pero la Fiscalía General de la Nación parece estar ciega, sorda y muda.
Sin lugar a dudas, Arauca es un departamento absorbido por la corrupción y la violencia generada por los grupos al margen de la ley, donde conviven economías ilícitas, se lava cualquier cantidad de dinero y algunos políticos estarían relacionados con grupos ilegales. Sin embargo, también vale la pena preguntarse: ¿dónde estaba el Estado mientras dejaba crecer este monstruo que hoy pretende aniquilar?
