La Fundación para la Libertad de Prensa pidió al presidente Abelardo De La Espriella garantizar condiciones reales para el ejercicio periodístico, especialmente en regiones como Arauca, donde el conflicto armado y las amenazas mantienen bajo presión a los comunicadores.
A un mes de iniciado el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y organizaciones aliadas hicieron un llamado al mandatario para que el compromiso público con la libertad de prensa se traduzca en garantías reales y verificables para periodistas y medios de comunicación.
La advertencia adquiere especial relevancia en departamentos como Arauca, donde las condiciones de seguridad y la presencia de actores armados han convertido el ejercicio del periodismo en una actividad de alto riesgo. La FLIP señala que los patrones de violencia asociados al conflicto armado golpean con particular fuerza a Arauca, Norte de Santander, Putumayo, Nariño, Cauca y otras regiones del país.
Durante los últimos cuatro años, la organización documentó 2.003 ataques contra 870 periodistas en los 32 departamentos de Colombia, incluidos diez asesinatos. En promedio, un periodista fue amenazado cada dos días. También fueron registrados 226 episodios de estigmatización provenientes del poder público.
Para la FLIP, esta situación ha contribuido a profundizar fenómenos como la autocensura, el silenciamiento, los desplazamientos y el exilio de periodistas, particularmente en los territorios donde confluyen el conflicto armado, las amenazas y la débil presencia institucional.
Arauca, entre los territorios bajo mayor presión
En el caso de Arauca, la situación reviste especial gravedad por el contexto de orden público que enfrenta el departamento y por los riesgos que deben asumir los periodistas para informar sobre hechos relacionados con seguridad, conflicto armado, política y gestión pública.
En estos escenarios, una amenaza contra un periodista no afecta únicamente a quien la recibe. También pone en riesgo el derecho de toda la ciudadanía a conocer lo que ocurre en su territorio.
La FLIP sostiene que la protección de los periodistas debe entenderse, por tanto, como una garantía de derechos humanos y como una condición indispensable para que las comunidades puedan acceder a información libre, independiente y plural.
La organización también cuestionó decisiones adoptadas durante las primeras semanas del nuevo Gobierno, entre ellas la suspensión temporal de las 20 emisoras de paz creadas a partir del Acuerdo de 2016 y la posterior expedición de la Directiva Presidencial 01 de 2026, que establece lineamientos para las comunicaciones oficiales y la participación de funcionarios en medios de comunicación.
Para la Fundación, estas medidas deben aplicarse bajo criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios, sin convertirse en mecanismos de censura directa o indirecta ni en filtros para limitar el acceso de los periodistas a la información pública.
La FLIP también expresó preocupación por denuncias relacionadas con presiones sobre espacios de opinión crítica y por la salida de periodistas de algunos medios de comunicación, al considerar que cualquier intento de condicionar las decisiones editoriales puede afectar el pluralismo informativo.
Llamado al Gobierno
Ante este panorama, la organización pidió al Gobierno rechazar públicamente la estigmatización contra la prensa, respetar la independencia editorial, eliminar filtros discrecionales para el acceso a la información y fortalecer los mecanismos de protección para periodistas.
También solicitó retomar la política pública de garantías para la labor periodística, mejorar la capacidad de respuesta de las entidades encargadas de la protección y fortalecer la coordinación entre la Unidad Nacional de Protección, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y las autoridades territoriales.
En particular, para departamentos como Arauca, donde informar implica hacerlo en medio de un complejo escenario de seguridad, estas garantías resultan determinantes.
La FLIP y organizaciones aliadas anunciaron además que invitaron al presidente Abelardo De La Espriella a una reunión para abordar la situación de la libertad de prensa y la protección de los periodistas en Colombia.
El llamado plantea una preocupación de fondo: en territorios como Arauca, donde el silencio impuesto por la violencia puede ser tan peligroso como una amenaza directa, garantizar la seguridad de los periodistas significa también garantizar que la ciudadanía no quede a oscuras frente a lo que sucede a su alrededor.
