El proyecto plantea penas de entre 54 y 96 meses de prisión, además de multas de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para quienes oculten deliberadamente su identidad mediante prendas, máscaras, pasamontañas u otros elementos similares y, con ello, cometan actos delictivos en el marco de manifestaciones, reuniones, movilizaciones o concentraciones públicas.
La iniciativa también contempla circunstancias que podrían aumentar las consecuencias penales cuando se utilicen elementos peligrosos, explosivos o sustancias corrosivas, o cuando las conductas afecten establecimientos educativos, instituciones de salud, organismos de socorro, bienes de interés cultural o infraestructura relacionada con servicios públicos esenciales.
Otro de los puntos incluidos en el articulado busca sancionar a quienes, mediante medios ilícitos, inciten, dirijan, constriñan o proporcionen elementos para bloquear vías o infraestructura de transporte cuando estas acciones puedan afectar la vida, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo.
El proyecto es impulsado por Jaime Arizabaleta, del Centro Democrático, y Julio César Triana, de Cambio Radical, y cuenta con respaldo de congresistas de diferentes regiones del país. Su discusión apenas comenzará en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, donde deberá surtir el trámite legislativo correspondiente antes de avanzar a las siguientes etapas.
