La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado colombiano adoptar medidas cautelares para proteger la vida y la integridad personal de Rodrigo Antonio López Estrada y Jesús Antonio Pacheco Oviedo, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación que permanecen secuestrados por integrantes del ELN desde el 8 de mayo de 2025, cuando se encontraban cumpliendo labores en el municipio de Fortul, Arauca.
La decisión está contenida en la Resolución 61/2026, Medidas Cautelares No. 1158-26, adoptada por la CIDH el pasado 8 de agosto de 2026, luego de analizar la información presentada por los solicitantes y las observaciones entregadas por el Estado colombiano.
Según la información analizada por la Comisión, los dos funcionarios habrían sido sometidos por el grupo armado a un denominado “juicio revolucionario”, procedimiento mediante el cual se les atribuyeron actividades de inteligencia estatal y posteriormente se anunció una supuesta condena de 55 meses de privación de la libertad.
La CIDH advierte un riesgo grave y urgente
Para la Comisión Interamericana, la situación reúne los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad establecidos para la adopción de medidas cautelares.
Uno de los elementos considerados por el organismo es que los funcionarios permanecerían bajo el control del ELN desde mayo de 2025, sin que exista certeza sobre las condiciones actuales en las que se encuentran ni sobre su estado de salud.
La CIDH también tuvo en cuenta información según la cual algunas personas sometidas a procedimientos similares por parte del grupo armado habrían sido posteriormente asesinadas. La Comisión señaló que este contexto incrementa el riesgo para la vida e integridad de los dos funcionarios.
Colombia deberá redoblar esfuerzos para establecer su paradero
En su decisión, la CIDH solicitó al Estado colombiano redoblar los esfuerzos para determinar la situación y el paradero de Rodrigo Antonio López Estrada y Jesús Antonio Pacheco Oviedo, de conformidad con las normas internacionales aplicables y con miras a lograr su liberación y garantizar su seguridad.
Asimismo, pidió adoptar las medidas necesarias para salvaguardar sus vidas e integridad personal, así como promover acciones humanitarias que permitan verificar su estado de salud y garantizar la atención médica que requieran.
La Comisión también ordenó que las medidas sean concertadas con los familiares y representantes de los dos funcionarios, quienes deberán mantenerse informados sobre las gestiones adelantadas por el Estado.
CIDH pide investigar los hechos
La resolución contempla además una obligación para Colombia de informar sobre las acciones adoptadas para investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de las medidas cautelares.
El Estado deberá entregar a la Comisión información sobre las medidas implementadas dentro de un plazo de 15 días contados a partir de la notificación de la resolución, y posteriormente actualizarla de manera periódica.
La CIDH aclaró que la adopción de estas medidas cautelares no constituye un prejuzgamiento sobre una eventual violación de derechos protegidos por la Convención Americana.
La decisión vuelve a poner en el centro de la atención internacional la situación de dos funcionarios de la Fiscalía que permanecen privados de la libertad en poder del ELN y plantea al Estado colombiano el desafío de intensificar las acciones para establecer su paradero, garantizar su vida e integridad y avanzar hacia su liberación.
