En las últimas horas se dio a conocer que en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes fue radicada una ponencia en la que se pide vincular a una investigación formal al presidente Gustavo Petro y llamarlo a indagatoria, esto dentro del proceso que se le sigue por supuestas irregularidades en la financiación de su campaña política.
Dos representantes investigadores de la Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes: Gloria Elena Arizabaleta Corral y Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza, encontraron que existirían indicios de una posible responsabilidad del mandatario en la violación de topes y financiación ilegal de su campaña en el 2022.
La investigación, radicada bajo el número 5914, se originó a partir de la remisión oficial de los hallazgos electorales por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) a la Comisión Legal de Investigación y Acusación.
Los delitos o faltas disciplinarias imputadas al presidente Petro son la financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas (Art. 396A C.P.) y la violación de topes o límites de gastos en las campañas electorales (Art. 396B C.P.).
Frente a este hecho, el mandatario se refirió a la solicitud de 2 de los 3 investigadores de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, para que sea llamado a indagatoria por los dineros de la campaña presidencial del 2022.
Señaló que ya lo amenazaron con llevarlo a la cárcel sin cometer un solo delito, y que ya se sabe lo que viene “si no se detiene la época oscura de Colombia”.
Hechos que ameritarían una investigación formal:
En un documento conocido por Caracol Radio se detallan varias áreas de preocupación, como indicios de posibles gastos no reportados, aportes presuntamente canalizados a través de terceros y eventuales irregularidades en recursos para testigos electorales.
- Gastos no reportados: presuntos gastos relacionados con testigos electorales, incluyendo dinero para alimentación, transporte y logística para personas, que no habrían sido incluidos en la contabilidad.
- Aportes de organizaciones sociales: Se investiga un aporte o préstamo de 500 millones de pesos por parte de la Federación Colombiana de Educadores (FECODE).
- Inconsistencias en transporte aéreo: Se analizan posibles irregularidades en el uso de transporte aéreo durante la campaña.
- Canalización de recursos a través de terceros: El documento sugiere que algunos fondos habrían pasado por diferentes organizaciones antes de llegar a las actividades de campaña, dificultando la identificación de su origen real y su reporte a las autoridades electorales.
