El Ejército de Liberación Nacional (ELN) hizo público un comunicado en el que informa la conclusión de un “juicio revolucionario” contra dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, secuestrados hace aproximadamente un año en el municipio de Fortul, Arauca.
De acuerdo con el pronunciamiento, los procesados —identificados como Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada— fueron sometidos a un procedimiento interno de la organización insurgente, que derivó en una condena de 60 y 55 meses de “prisión revolucionaria”, respectivamente. El grupo armado señaló que decidió no imponer la pena capital en ninguno de los casos.
En el documento, el ELN argumenta que su sistema de “justicia revolucionaria” se fundamenta en principios éticos y en el derecho internacional humanitario, diferenciándose —según su postura— de la justicia estatal. Asegura, además, que durante el tiempo de cautiverio se habrían garantizado condiciones básicas a los retenidos, como alimentación, salud y trato digno, en el marco de lo que denomina “normas guerrilleras”.
La organización sostiene que los dos funcionarios fueron investigados por presuntos vínculos con el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y por supuestas actividades de inteligencia contra el ELN, incluyendo la infiltración de redes y el uso de población civil. También los acusa de participar en montajes judiciales contra habitantes de zonas de influencia insurgente.
Como parte del proceso, el ELN menciona testimonios atribuidos a los propios retenidos, en los que —según el grupo— se reconocen actividades de inteligencia y acercamientos con integrantes de la organización con fines operativos.
El comunicado también insiste en la posibilidad de aplicar un “canje humanitario” de prisioneros de guerra, mecanismo que implicaría el intercambio de personas privadas de la libertad entre el Estado y la guerrilla. En ese sentido, el ELN asegura mantener disposición para avanzar en este tipo de acuerdos, condicionados —según indica— a la voluntad política del Gobierno nacional.
Hasta el momento, no se ha conocido una respuesta oficial de la Fiscalía o del Gobierno frente a este anuncio. El caso se suma a las preocupaciones persistentes por la situación de secuestro en el país y por las condiciones de las personas retenidas en el contexto del conflicto armado.
Organismos de derechos humanos han reiterado en distintos escenarios que el secuestro constituye una grave violación al derecho internacional humanitario, independientemente de las justificaciones que puedan esgrimir los actores armados.
Vea el video del «juicio revolucionario» del ELN en contra de los dos miembros del CTI aquí: https://www.facebook.com/share/v/1BpKanSC8r/
