El Tribunal Superior de Bogotá, mediante un fallo de segunda instancia, negó el preacuerdo que suscribieron Olmedo López y la Fiscalía General de la Nación, en medio de la macroinvestigación por el desfalco a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
En la decisión, la Sala de Decisión Penal confirmó la determinación de primera instancia de rechazar la negociación judicial en la que el exfuncionario aceptó su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación.
En dicho preacuerdo, la Fiscalía propuso una reducción de la pena a 6 años y 2 meses de prisión y según el Tribunal se equivocó.
La magistrada Alma Gertrudis Chamat Lozano, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, argumentó que López solo ha reintegrado 724 millones de pesos. También indicó que no hay claridad sobre el monto real de los recursos apropiados en el escándalo.
“Setecientos veinticuatro millones de pesos correspondientes a la apropiación en favor propio. Lo cierto es que también se deben restituir los recursos apropiados en favor de terceros como condición para la celebración del acuerdo con la Fiscalía. En consecuencia, para realizar un acuerdo con el ente acusador, una vez este determine la cuantía de lo apropiado en beneficio de terceros, deberá restituirse lo que falte para llegar, por lo menos, al 50 % del total de lo apropiado, tanto en favor propio como de terceros, así como garantizarse el recaudo del remanente”, señaló la magistrada.
No hay claridad sobre el dinero del que se apropió Olmedo López
La magistrada Alma Gertrudis Chamat Lozano, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, aseguró que “la Fiscalía incurre en un error al tasar la multa por los delitos de peculado como si se tratara de una pena de prisión”.
Agregó que “la cuantía del peculado por apropiación a favor propio se ha mantenido, pues siempre se ha señalado que es de $724 millones; sin embargo, no sucede lo mismo con los delitos cometidos a favor de terceros, en los cuales es confusa la cantidad de eventos y su monto”.
Añadió: “Toda vez que en las diversas intervenciones el fiscal no ha coincidido en la cuantía, pues ha mencionado $5.276 millones, $13.446.300.723, $12.065.829.434 y $12.722.300.723. Esta situación, por sí sola, resulta suficiente para improbar este acuerdo, en tanto no existe claridad respecto de los delitos que acepta el procesado ni del valor de la apropiación”.
