Las excarcelaciones registradas en las últimas horas en Venezuela no modifican el panorama general de detenciones políticas en el país. Así lo advirtió la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), que reiteró su exigencia de liberación inmediata e incondicional de todas las personas que considera privadas de libertad por razones políticas, una cifra que sitúa en 1.085 detenidos.
A través de un pronunciamiento difundido en la red social X, la ONG celebró la salida de prisión de entre 63 y 75 personas en la madrugada del jueves, detenidas en el contexto de la crisis poselectoral desatada tras las elecciones presidenciales de julio de 2024. No obstante, subrayó que se trata de una “liberación parcial” que no corrige lo que calificó como una ilegalidad estructural en el uso de la privación de libertad.
Para JEP, el carácter selectivo y discrecional de estas excarcelaciones confirma que la detención ha sido utilizada como un instrumento de persecución política. La organización sostuvo que la restitución de la libertad mediante decisiones de carácter político y no judicial evidencia la ausencia de garantías procesales efectivas y refuerza el carácter arbitrario de los encarcelamientos.
En su balance, la ONG alertó que alrededor de mil personas continúan detenidas de manera injustificada, muchas de ellas sin imputaciones claras, sin acceso regular a defensa o bajo procesos judiciales prolongados. En particular, llamó la atención sobre la situación de mujeres, adultos mayores y personas con enfermedades graves, cuya permanencia en prisión representam según la organización, un riesgo elevado para su vida e integridad personal.
JEP exigió, además, la adopción de medidas urgentes que garanticen la protección de estas personas y reiteró su llamado a que cesen las detenciones arbitrarias en el país, en línea con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.
Desde otras organizaciones también se pronunciaron voces críticas. El coordinador general de Provea, Oscar Murillo, calificó las excarcelaciones como un “alivio colectivo”, pero advirtió que, como en ocasiones anteriores, el proceso se ha caracterizado por la opacidad informativa. Murillo lamentó que entre los liberados no figuren reconocidos defensores de derechos humanos como Rocío San Miguel, Javier Tarazona, Kennedy Tejada, Carlos Julio Rojas y Eduardo Torres, quienes continúan detenidos.
Detenciones tras la crisis poselectoral
Las liberaciones se producen en un contexto marcado por la crisis política que siguió a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, cuando el Consejo Nacional Electoral proclamó la reelección de Nicolás Maduro, resultado que fue rechazado por la oposición mayoritaria, que denunció fraude y reclamó la victoria de Edmundo González, hoy en el exilio.
Tras los comicios, se desataron protestas en distintas regiones del país y, según cifras oficiales, más de 2.400 personas fueron detenidas, muchas de ellas acusadas de terrorismo. Aunque el Gobierno asegura que la mayoría ha sido excarcelada, organizaciones de derechos humanos sostienen que una parte significativa de los detenidos permanece privada de libertad por motivos políticos.
El conteo más reciente de la ONG Foro Penal, con fecha de corte del 15 de diciembre, registra 902 presos políticos en Venezuela, la mayoría arrestados tras las presidenciales. Las diferencias entre los registros de las organizaciones reflejan, según los activistas, la falta de información oficial y la ausencia de transparencia en los procesos judiciales.
En paralelo, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) informó que al menos 60 detenidos poselectorales fueron excarcelados durante la Navidad, muchos de ellos recluidos en la cárcel de máxima seguridad de Tocorón, en el estado Aragua, habilitada para albergar a detenidos tras la crisis electoral. También se reportaron liberaciones en otros centros penitenciarios del país.
El Gobierno de Nicolás Maduro, por su parte, insiste en que en Venezuela no hay presos políticos y que las personas detenidas enfrentan cargos por la comisión de delitos graves. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos sostienen que las excarcelaciones parciales no alteran el fondo del problema y reiteran que la libertad no puede depender de decisiones discrecionales, sino del respeto al debido proceso y al Estado de derecho.
