En la noche de este domingo la Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló un presunto entramado de corrupción entre jefes de las disidencias alias Calarcá, el general del Ejército Juan Manuel Huertas y un funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, Wilmar Mejía.
Según lo informado, los hechos se remontan a julio de 2024 cuando una caravana con siete jefes de las disidencias que era custodiada por integrantes de la Unidad Nacional de Protección y fue detenida en un retén del ejército en Anorí, Antioquia. La caravana transportaba armas, dinero y un menor de edad.
Pese a que fueron detenidos, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, ordenó la liberación de la mayoría de los capturados entre quienes se encontraban alias Calarcá, jefe del autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frentes de las FARC; su compañera Érika; y los jefes de frente alias Ramiro y Urías Perdón, argumentando que eran gestores de paz y que “aún en situaciones de flagrancia no podían ser capturados”.
En medio de este operativo también fueron incautados computadores, memorias USB y celulares, dispositivos que contenían información delicada y que quedaron en manos de la Fiscalía. El meollo del asunto es que aunque el ente acusador conoció de los hechos, no abrió ninguna investigación ni tomó medidas al respecto.
Por otro lado, la investigación reveló conversaciones de miembros de las disidencias ‘Calarcá’ con alias ‘Iván Mordisco’, quienes para el momento de la incautación, recién habían dejado de ser del mismo bando, en ellos habría pruebas donde sale a relucir el nombre de la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, como supuesta intermediaria en la financiación entre el Estado Mayor Central y la campaña de Petro Presidente.
General Juan Miguel Huertas, en el centro de los señalamientos:
Uno de los nombres que aparece en los documentos es el del general Juan Miguel Huertas, actual jefe del Comando de Personal del Ejército y quien fue retirado a inicios del Gobierno de Gustavo Petro pero luego reintegrado como inspector general en julio de 2025.
Según la investigación de Noticias Caracol, un hombre de confianza de alias ‘Calarcá’ habría asistido a reuniones en Bogotá con el general Huertas, cuando aún estaba retirado para explorar la opción de crear una empresa de seguridad que serviría como fachada para legalizar armamento y movilizar a hombres de las disidencias en vehículos blindados.
Incluso se habló de correos en los cuales encontraron cartas donde los disidentes afirman que el general Hurtas podría ayudarlos gracias a sus vínculos con el presidente Gustavo Petro y que tras haber sido retirado de su cargo en 2022, entró a hacer parte de la campaña presidencial del hoy mandatario.
Los documentos describen que el general retirado supuestamente ofrecía:
- Gestionar permisos para porte de armas
- Facilitar movilidad de guerrilleros con órdenes de captura
- Activar contactos para evitar requisas en retenes
El papel de Wilmar Mejía, funcionario del DNI:
De acuerdo con lo revelado por Noticias Caracol, Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, apodado como ‘el chulo’ y también cercano al presidente Petro, sería el encargado de acercar las organizaciones criminales con integrantes de la Fuerza Pública.
Lo que indican es que Mejía tuvo acercamientos con Huertas cuando este último estuvo retirado del Ejército e incluso en 2023 habrían facilitado la movilización de hombres armados con orden de captura. De hecho, mencionan que lo que hicieron, en ese entonces, fue utilizar como fachada la protección para líderes sociales con el pretexto de brindarles mayor seguridad.
Sumado a esto señalan que hubo un encuentro entre los jefes de las disidencias en Venezuela para concretar cómo sería la creación de la supuesta empresa de seguridad.
Aseguran que luego se adelantaron algunas reuniones en Bogotá y que la primera se habría llevado a cabo en un centro comercial cerca del Aeropuerto en donde habrían asistido representantes de las disidencias, el general huertas, Wilmar Mejía, y el director de Indumil, el coronel retirado Juan Carlos Mazo.
En una de estas reuniones, también en Bogotá, se habría coordinado una especie de “pacto de no agresión” entre la fuerza pública y las disidencias de alias Calarcá en territorios como el Catatumbo, Antioquia y el sur de Bolívar. Para llevar esto a cabo, oficiales del ejército habrían entregado a las disidencias códigos de las frecuencias radiales y contactos de las principales unidades militares para establecer las coordinaciones necesarias.
Aunque en Caracol Radio consultamos con fuentes oficiales del Ejercirto y el Comando General de las Furezas Militares, aseguran que hasta el momento no emitirán ningún pronunciamiento.
