En un comunicado la Sala Plena de la Corte Constitucional decidió, por mayoría, revocar la intervención que se había realizado por parte del gobierno nacional a la EPS Sanitas. Esto levanta de una forma u otra la toma forzosa del grupo Keralty que se había realizado.
Con esta sentencia, el alto tribunal dejó sin efecto la resolución del 2 de abril de 2024, que ordenaba la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de la EPS Sanitas, así como su intervención forzosa por parte de la Superintendencia de Salud.
También anuló las resoluciones posteriores que ratificaban o prorrogaban dicha medida, al considerar que se vulneraron garantías constitucionales esenciales en el proceso administrativo.
