Una denuncia por el presunto delito de homicidio en concurso homogéneo y sucesivo fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. El recurso, que también lo señala por homicidio preterintencional, se basa en declaraciones que el ministro realizó durante una audiencia pública en el Senado, en Neiva, donde afirmó que tiene a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) “en cuidados intensivos”, en el marco del debate por la reforma al sistema de salud.
De acuerdo con el denunciante, las palabras del ministro reflejan una estrategia deliberada para presionar al Congreso mediante la generación de una crisis en la prestación del servicio de salud, lo que habría resultado en el deterioro de la atención médica y la afectación directa al derecho fundamental a la vida de los usuarios.
“La confesión del ministro no puede ser ignorada. Si un alto funcionario del Estado, con pleno conocimiento de las consecuencias, suspende pagos a las EPS, interrumpe tratamientos, bloquea medicamentos y deja sin atención de urgencias a los pacientes, las muertes no son accidentes. Son consecuencias previsibles de una decisión política”, señala el documento presentado ante la Fiscalía.
Uno de los casos mencionados como evidencia es el de Esteban Delgado Ortiz, un niño de 13 años en Tumaco, Nariño, quien murió en enero de este año tras más de tres meses sin recibir los medicamentos necesarios para tratar su condición. Según el denunciante, la EPS que atendía al menor no contaba con recursos suficientes para garantizar su tratamiento, como resultado de los retrasos en los giros por parte del Ministerio de Salud.
La denuncia cita el artículo 105 del Código Penal colombiano, que tipifica el homicidio preterintencional como aquel en que una persona, sin la intención directa de causar la muerte, la provoca mediante una acción riesgosa o negligente. Además, se hace referencia a la figura de la autoría mediata, que aplica cuando quien tiene el control del sistema y toma las decisiones se convierte en responsable por los resultados de esas decisiones, aunque no los ejecute directamente.
“Estamos ante una posible responsabilidad penal del más alto nivel. Esta no es solo una crisis institucional, sino una tragedia con víctimas reales. Lo que se denuncia aquí es una forma de crimen de Estado, donde el poder se utilizó no para proteger vidas, sino para condicionar decisiones políticas”, concluye el denunciante.
La denuncia también hace un llamado a los ciudadanos que hayan sido afectados por fallas en la atención en salud, o que conozcan casos similares, para que se sumen aportando testimonios y pruebas documentales. Hasta el momento, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo no ha respondido públicamente a la denuncia.
