La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a la gobernadora de Arauca (e), Indira Luz Barrios Guarnizo (2022-2023), por presuntamente utilizar documentos públicos falsos con los cuales se priorizó y aprobó un proyecto de inversión financiado con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por valor de $ 32.283’884.240,17.
La decisión disciplinaria también cobijó a la entonces secretaria de Planeación, Claudia Juliana Melo Romero, a quien se le reprochó la expedición de certificaciones que serían contrarias a la verdad, y con las cuales se habría viabilizado el proyecto que aprobó la mandataria departamental.
Por su parte, la gobernadora habría usado un falso estudio topográfico y batimétrico levantado en las veredas La Yuca, en el sector El Muerto; y El Torno, en los sectores El Limón y El Guamo, pues el topógrafo que supuestamente lo suscribió el 17 de marzo de 2022, habría fallecido el 30 de mayo de 2020, según el registro civil de defunción.
De acuerdo con el material probatorio, también sería falsa, la condición de topógrafo de quien se afirmó había realizado una visita a los tres sectores a intervenir, supuestamente, después de dos años de fallecido, pues no está registrado en el Consejo Profesional Nacional de Topografía.
A juicio de la Procuraduría estos hechos parecen “una caricatura o paradoja que adornara de manera trágica y despreciable el incumplimiento del Sistema General de Regalías y demás normas del ordenamiento jurídico, pues lo único cierto es que gracias al ruin actuar de los involucrados en este proceso disciplinario” se habría hecho ver, “en los papeles espurios, que el único que visitó el sector conocido como ‘El Muerto’ verdaderamente muerto estaba (…)”.
El Ministerio Público también cuestionó la actuación posiblemente contraria a derecho de las investigadas, al asignar a la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca) como ejecutora, pues a pesar de que esta entidad incumpliría los requisitos para el manejo de recursos de regalías, se habría advertido un interés particular por parte de las exfuncionarias en contra del interés general que demandan las actuaciones de los servidores públicos.
En esta etapa procesal, el ente de control calificó las posibles faltas de las exfuncionarias como gravísimas cometidas con dolo.
Por último, la entidad precisó que remitirá copia del expediente a la Fiscalía para lo pertinente, en relación con el presunto interés indebido en la asignación de Aremca como ejecutor de proyectos de inversión, y con las falsedades materiales e ideológicas consignadas en documentos, como la conducta del ingeniero civil Héctor Hugo Herrera, quien habría afirmado que no se requería actualizar los estudios del proyecto por cuanto el citado topógrafo había constatado en una ‘supuesta’ visita que “no existía variación en sus características”.
