En un comunicado la Defensoría del Pueblo dice, hay incertidumbre para muchos de los actores de la economía, generando inseguridad ante posibles efectos adversos a los que el Gobierno Nacional espera tener la reforma laboral. Dice que su aplicabilidad a la protección de los derechos de los trabajadores, puede terminar impactando los derechos económicos y sociales de los ciudadanos.
“Muchas empresas no están en la capacidad o disposición de formalizar contratos laborales indefinidos, por lo que es necesario que el Gobierno Nacional considere un régimen de transición y protección a los trabajadores que se encuentran dentro del sistema de contratos referidos”, puntualizó el Defensor del Pueblo.
Por ello, propone que, ante las observaciones de los gremios y los sectores de interés, se analicen los cambios que se proponen desde un enfoque territorial y geográfico, ya que no todos los departamentos tienen las mismas dinámicas comerciales y laborales.
